La sentencia que condena a Luis García Montero a indemnizar a un profesor por injurias, es de aquellas que son difíciles de entender porque es complejo delimitar donde acaba la libertad de expresión y mucho más cuando se reciben ataques personales. Poniéndome en el "pellejo" del escritor granadino, es fácil entender su actuación. Él y su familia son ofendidos muy gravemente y por tanto su respuesta parece lógica. La tesis de la “otra mejilla” es difícil de cumplir, créanme.

Frente a esta sentencia que pone límites a la capacidad para expresarse, vemos otra actuación judicial que camina, aparentemente en línea opuesta. Me refiero a la del Juzgado de primera instancia número 9 de Sevilla que ha denegado la adopción de medidas cautelares solicitada por la duquesa de Alba. Supongo que la decisión se basará en la defensa de la libertad de expresión y que la petición de la Duquesa sería por pensar que se la ofende. Justo como la de García Montero…pero al revés. Dos decisiones, dos argumentos distintos.

En el cénit de las contradicciones aparece el auto del juez Baltasar Garzón que autoriza a exhumar restos de represaliados asesinados en la guerra civil. Con contrarios argumentos a los esgrimidos por el magistrado, el pleno de la Audiencia Nacional -diez jueces frente a cinco- acuerda paralizar la apertura de las fosas y no lo declara competente para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. Entenderán que manifieste cierta perplejidad ya que de nuevo se evidencia, como para un mismo caso, se enfrentan tesis distintas, y procedentes de magistrados que no son precisamente "pasantes" recién licenciados.

Otra más. La Audiencia Nacional ha solicitado a la Interpol que extienda la búsqueda, y posterior detención, de José Ignacio de Juana Chaos hasta Belfast. No se ha presentado a declarar en un juzgado de San Sebastián en una causa de enaltecimiento del terrorismo por unas declaraciones realizadas en su nombre y ahora, lógicamente, se le pide que ajuste cuentas por su rebeldía. Por el contrario, la Audiencia Nacional decide mantener en libertad a la etarra Elena Beloki para someterse a un tratamiento de fecundidad. Beloki cumple una condena de 13 años de prisión por su pertenencia a ETA.

Ya comenté que no valoro las decisiones judiciales y supongo que este derecho será legalmente correcto. Es más, estoy seguro de ello, pero si percibo, como tanta otra gente, que hay sensibilidades y enfoques opuestos en las decisiones judiciales. Ello me preocupa pues creo que precisamente el derecho y su aplicación, debe ser uniforme e igual para todos y desde todos.

Y la más reciente. El titular del juzgado de Familia 7 de Sevilla, ha determinado que el hijo de una pareja que se ha separado debe recibir servicio doméstico, una "vivienda digna", una educación privada bilingüe "reservada a una élite social", "ropa cara" y "atención sanitaria privada". Por todo ello, fija una pensión mensual de 3.500 euros a cargo del padre.

Tampoco en este caso ni dudo, ni siquiera cuestiono. Sólo una reflexión. ¿qué pensarán sobre esta sentencia tantas y tantas madres, con hijos a su cargo y con problemas para llegar a fin de mes, que tras la decisión judicial, ven refrendado que el progenitor pase sólo una pensión mísera, ridícula o inexistente en algunos casos?. Por otra parte, esta sentencia sin pretenderlo tal vez, ridiculiza, banaliza y da sesgos de frivolidad al gran esfuerzo económico y personal que muchos padres separados, realizan para cumplir mensualmente con sus obligaciones económicas para con sus hijos.

* Juan Luis Valenzuela es Coordinador de El Plural/Andalucía