Precisamente este verano, este ex alcalde andalucista y ahora concejal imputado, apoyó junto a su grupo una moción de censura que hizo acceder a la alcaldía al PP. desplazando a los socialistas, gracias a una moción de censura en la que contó con el apoyo de los cuatro ediles andalucistaa. Desde el PSOE de Málaga se pidieron explicaciones al Partido Popular en el sentido de criticar que gobernaran gracias a los votos de imputados.

 

“Sueldazo” del alcalde
Se da la circunstancia que, como denunció El Plural, el equipo de gobierno de la localidad de 1.700 habitantes, aprobó el 28 de Noviembre, que el alcalde cobrase un sueldo de 64.719, 60 euros al año. A ello hay que añadir la contratación de una secretaria particular y las asignaciones de los tenientes del alcalde, lo que significa, que el consistorio dedicará el 59% del coste de los cargos municipales a su sueldo. Además, cuatro concejales del equipo de gobierno, están imputados por delitos urbanísticos.

La Sección Primera lo condenó a finales de 2007 , por disponer para beneficio propio de dinero del Ayuntamiento, que luego devolvió y que dijo que era para comprar unos terrenos, y por desalojar un pleno municipal para no debatir este asunto. En la misma resolución, le absolvió del delito continuado de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Según la sentencia de hoy del Supremo, "no ha lugar" al recurso de casación por infracción de ley,

 

El Tribunal incide en que "el más elemental y primario raciocinio evidencia que la supuesta compra era la excusa o justificación para ordenar los pagos". "Máxime cuando el dinero lo guardaba en su domicilio". Los hechos "ponen de manifiesto con meridiana claridad que el dinero se utilizó en gastos personales".

 

Respecto a la prevaricación, la Sala del Supremo asegura que "ninguna duda cabe de la actuación prevaricadora ". Se indica que acciones como impedir el debate en el pleno de una cuestión de "indudable gravedad", llegando a actuar contra los concejales "con abuso de poder, ordenando el desalojo por la Policía" son "irregulares, ilegales y más que injustas, inicuas".

La Audiencia consideró probado que Corbacho, a finales de 2002, "aprovechando la ausencia por vacaciones del secretario y a fin de disponer para sí de fondos municipales", ordenó el libramiento de pagos en concepto de adquisición de terrenos de gran interés municipal. Las cuantías estaban comprendidas entre los 10.000 y los 22.000 euros. Se realizó la emisión de los correspondientes cheques al portador y "sin la firma del interventor". El acusado llegó a disponer de unos 200.000 euros entre diciembre de 2002 y enero de 2003.

 

No obstante, el primer edil realizó reintegros parciales de diversas cantidades. El secretario interventor tuvo conocimiento de esos movimientos bancarios y "ante la ausencia de explicación, denunció el desfase presupuestario ante la Fiscalía". En febrero de ese mismo año, los concejales de su grupo también denunciaron ante la Guardia Civil "el desconocimiento que tenían de los hechos".

 

Tras reunirse con los concejales de su grupo y comprometerse a devolver todo el dinero, pidió ayuda a sus familiares y amigos "logrando reunir la suma que aún debía", ya que ingresó ese mismo día 34.100 euros en efectivo y dos cheques --de 36.060 euros y de 72.121 euros-- que fueron entregados por dos personas, mediando su padre.

 

Los concejales de la oposición solicitaron la celebración de un pleno para que el alcalde informara, sesión que convocó la secretaria  "ante la negativa verbal del alcalde". El alcalde dictó un decreto denegando la entrega de parte de la documentación y ya el día de la sesión impidió debatir el orden del día" y acordó desalojar el pleno.