La cita es hoy a las cinco de la tarde en un Punto de Encuentro Familiar de Granada. Si Juana Rivas no acude con sus hijos para cumplir la orden judicial de entregarlos a su padre condenado por malos tratos a su expareja, no solo se arriesga a una detención que podría ser inmediata, sino que también pondría en riesgo el apoyo social y político que ha venido teniendo pero que paulatinamente se ha ido volviendo más tibio y distante. 

Redactada en términos que no dejan lugar a dudas sobre la determinación de la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada de ordenar su detención, la citación judicial con fecha del pasado jueves amenaza a Juana con aplicarle "las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran".

Desde Rajoy a Díaz

Entre quienes han dado su apoyo político a Rivas hasta ahora figuran desde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero las críticas judiciales han arreciado en las últimas semanas.

Uno de los reproches de mayor autoridad moral partía de la agrupación progresista Jueces para la Democracia, muy comprometida ante la violencia de género y los derechos de las mujeres, que la semana pasada denunciaba "las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo" en el caso con "evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la no ejecución de las resoluciones judiciales".

Una cierta distancia

La consejera de de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, mantenía el pasado viernes el apoyo dado por la Junta a Rivas pero recalcaba que el Gobierno andaluz no iba a cuestionar las decisiones judiciales "porque no nos corresponde como entidad pública". Eso sí, Sánchez Rubio recordaba también que, "tal y como establece el ordenamiento jurídico, los menores tienen que ser oídos".

Para la titular de Asuntos Sociales, la situación de Juana se “ha normalizado” después de que la madre de Maracena compareciera el pasado día 22 ante el juez tras haber estado varias semanas ilocalizable junto a sus hijos de 3 y 11 años.

Una situación embarazosa

Un día antes, el 21 de agosto, el Gobierno andaluz matizaba su posición inicial de apoyo cerrado a Rivas y lo hacía por boca de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar: "No puede estar desaparecida para siempre".

Al día siguiente, en efecto, Rivas aparecía en el juzgado. Si esta tarde no lo hace, pondría a las autoridades andaluzas en una situación extremadamente embarazosa pues difícilmente podría la Junta respaldar un nuevo incumplimiento judicial de Juana bajo el argumento de un riesgo para sus hijos que la justicia ha descartado expresamente en sentencia firme.

En su último auto la juez instructora argumentaba que la entrega de los niños responde a resoluciones judiciales firmes ante las que Juana ha mostrado una "falta de colaboración total y absoluta".

Nuevas citaciones

Por otra parte, la jueza también ha citado a declarar esta semana como investigadas a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga de este mismo centro, Teresa Sanz. Las dos deberán comparecer el próximo miércoles 30 de agosto por su presunta intervención como "inductoras o partícipes necesarios" en la sustracción de los dos menores.

Un día después tendrán que declarar los familiares de Juana Rivas, hasta segundo grado de consanguinidad, también en calidad de investigados y por su presunta intervención en el mismo delito de sustracción de menores.

La decisión final es de Italia

Como se recordará, Juana Rivas decidió no devolver a sus hijos a Italia, donde la familia tiene su residencia y de donde se los trajo a España en mayo de 2016, por lo cual su expareja la denunció –y los jueces le han dado la razón– por sustracción internacional de menores.

Dos meses después, en julio de 2016, Rivas presenta ante las autoridades españolas una segunda denuncia por malos tratos –la primera había acabado en condena en 2009– contra Francesco Arcuri, aunque no ha sido trasladada a los tribunales italianos hasta más de un año después.

El jueves pasado compareció por fin ante la justicia y quedó en libertad provisional, pero no tanto porque el juez le diera la razón de fondo como porque se inhibió del caso a favor del Juzgado de Instrucción 2: el mismo que le ordena sin contemplaciones que devuelva esta tarde a sus hijos.

El fondo de la cuestión, que en definitiva es la custodia de los hijos, solo puede decidirlo la justicia italiana, que también deberá evaluar ese segundo ciclo de presuntos malos tratos que Juana habría padecido en los últimos tres años en Italia y que su expareja niega.