Ejercer la acusación popular puede costarle al PP andaluz, que preside Juanma Moreno, 12.000 euros si hace trampas intentado utilizar torticeramente la personación en una causa judicial para obtener réditos políticos.
Así se desprende de la decisión de la juez María Núñez Bolaños de imponer una fianza de 12.000 euros al partido como garantía de que la representación letrada del PP-A es respetuosa con el artículo 125 de la Constitución, "que condiciona el ejercicio de la acción popular al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, evitando un posible abuso de derecho y fraude procesal y el riesgo evidente de judicialización de la política".
Petición de la Junta
La decisión de Núñez se hace eco de la petición formulada en ese sentido por los letrados de la Junta, que es parte acusadora en la causa Avales II, relativa a las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA a determinadas empresas.
La primera pieza de esta causa ya investiga las ayudas concedidas a un grupo de 18 empresas, pero no –como inicialmente planteaba la juez Mercedes Alaya– todos los avales concedidos por IDEA a todas las empresas. Su sucesora al frente al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla acotó la instrucción únicamente a las empresas que habían recibido al mismo tiempo ayudas sociolaborales de la partida de los ERE supuestamente fraudulentos y avales de IDEA.
30 días para la fianza
Tras la imposición de la finanza, el PP-A tiene ahora 30 días para depositarla en metálico o mediante un aval. Si no lo hace "se tendrá a la parte por definitivamente apartada del procedimiento".
En la causa primera de los avales la juez le impuso inicialmente al PP una fianza de 30.000 euros para que pudiera ejercer la acusación, pero la Audiencia de Sevilla la rebajó a 12.000. En esta segunda causa denominada Avales II la juez se limita a seguir el mismo criterio aplicado en Avales I, dado que ambos casos son similares.
Investigación de la UCO
El origen del caso es una investigación Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según la cual empresas que, en el marco del caso de los ERE, habían sido beneficiarias de ayudas públicas, sociolaborales o a empresas figuraban “también entre las beneficiarias de ayudas públicas de salvamento o reestructuración, concedidas por IDEA".
La hipótesis de la UCO es que "la ilegal simultaneidad de diferentes ayudas concedidas a las mismas empresas, unida a una falta de publicidad y, por supuesto, teniendo en cuenta la situación y circunstancias de dichas empresas, inducen a pensar que dichas concesiones pudieran estar basadas en la aplicación de criterios arbitrarios e irregulares".
