El comunicado oficial del Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas: queda suspendida la vigencia y aplicación de las normas impugnadas, en este caso, la normativa de la Junta de Andalucía que devolvió la jornada laboral de 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la administración autonómica, en vigor desde el pasado mes de enero.
El TC ha decretado la suspensión cautelar de esta medida como "consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución", que establece que "el Gobierno podrá impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas" y determina que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".
El comunicado recuerda también que "la admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas".
La Junta de Andalucía habóia mostrado su esperanza en que el Gobierno modificara su recurso ante el TC de modo que el decreto autonómcio no quedara suspendido automáticamente.
Llamamiento de la Junta
Tras enterarse de la noticia “por los medios”, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se ha puesto en contacto con el Ministerio de Hacienda para pedirle a su titular, Cristóbal Montoro, que solicite el alzamiento de la suspensión cautelar al Tribunal Constitucional.
También le ha pedido a Montoro que articule una ronda de negociaciones para poder extender esta medida al resto de trabajadores públicos de España y no provocar "ningún tipo de retroceso" para los empleados públicos en la Comunidad andaluza.
