El Gobierno central parece estar jugando al gato y al ratón con la Junta de Andalucía en una extraña partida donde quienes debían ser meros espectadores del juego son en realidad sus víctimas. En efecto, el campo de batalla donde se disputa este encuentro son los 274.000 empleados públicos andaluces que ya se benefician de la reducción de su jornada laboral a 35 horas y los parados que aspiran a alguno de los más de 7.000 empleos derivados a esas dos horas y media menos a la semana.
El decreto de reducción fue aprobado por la Junta de Andalucía hace nueve meses, y ratificado después por el Parlamento sin ningún voto en contra, pero el Gobierno central ha esperado todo ese tiempo antes de decidirse a interponer –lo hizo el pasado viernes– el recurso de inconstitucionalidad contra la medida de la Junta.
Difícil de explicar
Si a ello se suma que el propio Ministerio de Hacienda ha dejado entrever que el Gobierno recuperará en 2018 la jornada de 35 horas en todo el Estado, el desconcierto cunde todavía más entre los empleados andaluces. Es como si, parafraseando un célebre artículo de Manuel Vicent, el Ejecutivo le viniera a espetar a la Junta: “No pongas tus sucias manos sobre mis 35 horas’.
Para el Gobierno central no resulta fácil explicar políticamente su negativa a restaurar la jornada de 35 horas suprimida en 2012 por indicación de Bruselas. Las previsiones de crecimiento económico para 2018 se sitúan en el entorno del 3 por ciento, Bruselas ha relajado la presión sobre las cuentas españolas, el discurso oficial es que la crisis ha quedado atrás y el Gobierno hasta se muestra dispuesto a aplicar la rebaja fiscal que reclama su socio parlamentario Ciudadanos. Con esos mimbres tan positivos resulta poco apropiado trenzar un cesto tan negativo como el bloqueo de las 35 horas.
Una enigmática demora
¿Y por qué ha tardado tantos meses el Gobierno en hacer lo que podía haber hecho al día siguiente de aprobar la Junta su decreto, en octubre pasado? No hay respuesta. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, admite no haber obtenido “una explicación clara” del por qué de esa demora en llevar la medida de la Junta al Tribunal Constitucional.
¿Entraña ese recurso ante el TC la suspensión cautelar del decreto de la Junta? Normalmente es así, pero en este caso el Gobierno no ha exigido dicha suspensión.
Incluso el propio presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, le pedía ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que se tenga en cuenta la posibilidad de eliminar la suspensión cautelar". El líder del PP es consciente de que sus expectativas electorales pueden verse mermadas por una decisión gubernamental que no solo es perjudicial para decenas de miles de familias, sino que además no puede ser explicada de modo convincente.
Las contradicciones
También ayer, el portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, le pedía lo mismo al Ejecuto y le reclamaba que no hiciera “nada que perjudique a los más de 250.000 trabajadores públicos andaluces, que no se merecen vivir con esta incertidumbre".
Blanco ponía el énfasis en los puntos de vista contradictorios de los dos pesos pesados del Gobierno en materia económica: mientras el ministro Montero y su número dos Roberto Bermúdez de Castro han dado a entender que el Gobierno recuperará las 35 horas para todo el sector público en 2018, el titular de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha sugerido todo lo contrario al advertir que “ningún país de Europa” aplica la jornada semanal de 35 horas. “El viernes anuncian el recurso y solo 72 horas después dicen que lo quieren aplicar en toda España", insistía el portavoz autonómico.
¿De quién es la competencia?
Un comunicado de la Consejería de Hacienda de la Junta, que dirige María Jesús Montero, abundaba en el mismo sentido: “Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado”.
¿Es la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos una competencia exclusiva del Gobierno, como este sostiene en su recurso ante el Constitucional? En absoluto, replica el departamento de Montero, para quien el Estatuto Básico del Empleado Público, que es una ley estatal, atribuye a las comunidades autónomas la capacidad para organizar la jornada de sus empleados, y así han venido de hecho haciéndolo los distintos gobiernos autonómicos: “Ni el Gobierno ni las Cortes cambiaron esta ley. Sólo introdujeron un límite genérico por razones económicas en la ley de Presupuestos de 2012, que no ha venido incluyéndose en las leyes de presupuestos de ejercicios siguientes”.
Frente sindical
Por su parte, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Andalucía lo tienen igualmente claro: "El recurso del Gobierno supone mucho para los trabajadores públicos y para los ciudadanos, además de ser un derecho laboral, conllevaba una perspectiva de creación de 8.000-9.000 empleos, que eran estables y de calidad".
Y añadían en vísperas del recurso de inconstitucionalidad: "Solicitamos al Gobierno que rectifique y no recurra, pero si lo hace, que no pida la suspensión cautelar de la medida”.
