En un auto fechado el pasado día 26 la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha abierto una nueva pieza separada en relación con las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva y ha incluido como investigados en la misma a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, a seis ex altos cargos de la Junta y a los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero. Parte de los hechos ocurrieron siendo delegado del Gobierno en Andalucía el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
La instructora considera que los entonces altos cargos del Ejecutivo central Carmen de Miguel y Soledad Córdova pudieron cometer un presunto delito de prevaricación en concurso con uno de malversación de caudales públicos. ¿La razón? "Conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".
325 ayudas
El origen de la imputación judicial está en un atestado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, entregado en julio de 2016 en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, según el cual de las 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, en 51 de ellas no se cumplían los requisitos de los 55 años "bonificados" para recibirlas.
Según el informe de la Guardia Civil, la decisión de conceder ayudas públicas a individuos que no les correspondía se hizo con conocimiento de las administraciones porque se podría "romper nuevamente la paz social" y para "evitar la presión social de los sindicatos".
Coeficientes falseados
El auto alude a la inclusión en las pólizas de personas que "nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica" y a la asignación de “coeficientes reductores falseados” para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica. Como consecuencia de ello, “se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'". La persona que se encargó de la operación, coordinación y el seguimiento" de las pólizas "por acuerdo de todas las partes" fue el dueño de Uniter José González Mata, también imputado en otras piezas de lo la macrocausa.
El dinero del Fogasa
Además, "las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos".
La investigación judicial se centra en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto.
Los investigados
La magistrada abre esta pieza separada de los ERE contra un total de 25 personas, entre ellas la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.
Asimismo, y por las ayudas concedidas en el año 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez acuerda investigar a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.
Torres Hurtado y Zoido
El acuerdo de colaboración para la crisis de la Faja Pirítica se firmó el 27 de febrero del 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre del mismo año –siendo ya delegado del Gobierno Juan Ignacio Zoido– se firmó el acuerdo marco que daba solución de los mineros afectados. Zoido fue delegado del Gobierno en Andalucía del 2 de agosto de 2002 al 17 de abril de 2004.
