Riotinto 2004, Guadalajara 2005, Doñana 2017. Tres incendios fuertemente mediáticos y dos modelos de reacción política diametralmente distintos. Mientras que en los dos primeros el Partido Popular desencadenó una ofensiva implacable –ya fuera política, judicial o ambas a la vez–, en el incendio desatado el pasado fin de semana en el entorno del Parque Nacional de Doñana, el comportamiento del Partido Popular ha sido justo el contrario: con las cosas de arder no se juega.

Un respeto escrupuloso

Lo que ha primado en Doñana no ha sido únicamente la colaboración técnica y logística entre los gobiernos de Andalucía (PSOE) y de España (PP), sino también un escrupuloso respeto político entre ambos partidos.

Solo algún despistado de uno y otro bando intentó sacarle punta política a una desgracia que en realidad nunca la tuvo. Pero tampoco la tenían en verdad las desgracias de Guadalajara o Riotinto –a fin de cuentas la extinción siempre ha sido una tarea mucho más técnica que política– y ello no fue obstáculo para que el PP desatara entonces una guerra sin cuartel.

Dos salidas de tono

Por la parte del PP y poco después de declararse el fuego de Moguer, su parlamentario andaluz Guillermo García Longoria publicaba en su cuenta de Twitter este mensaje: "Cuatro incendios hoy en Cartaya, Isla Cristina, Moguer y Gibraleón. Llevamos el doble que el año pasado. Algo está fallando en la Junta". A la vista de lo poco que duró el tuit, retirado fulminantemente poco después de publicarse, más bien cabría decir que si ‘algo estaba fallando’ era el propio Longoria, quien no parecía haberse enterado de que en esta ocasión su partido, al contrario que tantas veces en el pasado, ya no estaba por dar la batalla política.

Por la parte del PSOE, fue su propia presidenta Cristina Narbona quien imprudentemente coqueteó con la tentación pescar en río revuelto al relacionar vagamente el incendio de Doñana con el cambio legislativo que el PP hizo en la Ley de Montes en 2015. La contundencia de grupos ecologistas y de expertos, además de la propia Junta, negando cualquier posibilidad de recalificación de los terrenos quemados enterraría en pocas horas las poco meditadas insinuaciones de la exministra de Medio Ambiente.

Riotinto: guerra sin cuartel

El catastrófico incendio de Riotinto, en el verano de 2004, arrasó alrededor de 30.000 hectáreas en seis localidades de Huelva y cinco de Sevilla y en él murieron dos personas cuyo vehículo quedó atrapado por el fuego, además de los graves daños medioambientales y económicos, pues pequeños propietarios de El Berrocal y El Madroño, dedicados al aprovechamiento del corcho, lo perdieron todo.

Entonces no hubo tregua por parte del PP, que reclamó en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación. Aunque la iniciativa contó con el respaldo de IU y el Partido Andalucista, la mayoría absoluta del PSOE la bloqueó. Las razones aducidas por el PP eran que Riotinto había evidenciado “el fracaso de toda la política medioambiental de la Junta y la nefasta dirección política" de la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. También proponía el PP investigar el funcionamiento del Plan Infoca "antes, durante y después" del fuego y conocer "dónde estaban" los 1,8 millones de euros del plan forestal "que se le han quitado a la zona".

Peor que el Prestige

Pero la ofensiva conservadora no se circunscribió a Andalucía. En pleno mes de agosto de 2004, la Diputación Permanente del Congreso rechazaba la comparecencia, solicitada por el PP, de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para informar sobre las medidas de coordinación adoptadas con las Comunidades Autónomas para luchar contra los incendios forestales.

La portavoz del PP en la Diputación Permanente, María Salom, aseguró en su intervención que las consecuencias ecológicas del incendio de Riotinto habían superado incluso a las del vertido de Aznalcóllar o a las del Prestige. Salom también acusó a la Junta de Andalucía de "manipular la información y minimizar el incendio y sus efectos” y sostuvo que había “dudas más que razonables de negligencia".

Incendios grandes… y pequeños

Pero la utilización política del fuego por parte del PP no tenía lugar solo cuando se producían grandes incendios, como el de Riotinto en 2004. Un año después un fuego arrasaba 450 hectáreas en Moguer y tanto su acalde, el popular Juan José Volante, como otros dirigentes del PP culparon directamente a la Junta por “dejadez de funciones, irresponsabilidad y negligencia”.

Más allá de los errores de gestión que hubieran podido cometerse, lo sustantivo es que el partido hoy en el Gobierno tenía una estrategia política bien distinta a la que tiene hoy en esta materia. Entonces, recién perdido el poder en las dramáticas elecciones de 2004, todo valía.

Hoy, las conductas son más civilizadas. En el incendio de Doñana de esta semana, que ha afectado a una superficie de 8.500 hectáreas, el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, visitó la zona afectada para destacar la “coordinación, planificación y profesionalidad ejemplar” que han llevado a cabo las distintas administraciones.

El caso de Guadalajara

Pero donde el PP ‘lo dio todo’ en su feroz ofensiva para sacar rendimiento político del fuego fue con ocasión del pavoroso incendio de Guadalajara, en julio de 2005, en el que fallecieron 11 miembros de un retén que quedaron atrapados por las llamas.

El PP quiso llevar a la cárcel a 18 personas, entre ellas la entonces consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha Rosario Arévalo, para quien pidió tres años de cárcel por imprudencia con resultado de homicidio, pese a que la causa del fuego estuvo bien determinada desde un principio: la barbacoa que encendió un vecino de la zona y que el viento descontroló fatalmente.

Justicia amiga

En 2010, la justicia corregía a la segunda juez que instruyó la investigación y que, con el respaldo de la entonces presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Concepción Espejel, procesó a varios funcionarios y políticos socialistas castellano manchegos.

El caso recayó en principio en el juzgado de Sigüenza, cuya titular, Concepción Azuara, descartó implicar a los políticos en el procedimiento. En 2008, cuando había solicitado concluir la instrucción antes de su traslado, fue sorprendentemente removida y sustituida por María del Mar Lorenzo, quien cambió radicalmente de criterio solicitando nuevos informes y contra informes periciales que más tarde la sentencia absolutoria calificaría de “inútiles”. Lorenzo contó con el respaldo entusiasta de Espejel.

Cuando esta dejó el tribunal de Guadalajara para ocupar una plaza en el CGPJ promovida por el Partido Popular, la Audiencia Provincial sí rechazó el procesamiento de los políticos. Como se sabe, Espejel acabaría siendo apartada del caso Gürtel por su afinidad política con el PP.