La absolución esta semana de los diez procesados por la venta de los suelos de Mercasevilla vuelve a traer al debate público andaluz el cúmulo de dudas que desde hace casi nueve años vienen albergando abogados defensores de muchos de los centenares de investigados por la juez Mercedes Alaya cuando ostentaba la titularidad de Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Réquiem por una reputación

La noticia de esa absolución masiva por una juez de lo Penal tenía lugar la misma semana en que la Audiencia Provincial de Sevilla fijaba el 13 de diciembre como fecha de comienzo del primer gran juicio de los ERE, el de la denominada ‘pieza política’ donde serán juzgados más de un veintena de ex altos cargos del Gobierno andaluz y cuya dilatadísima instrucción ha destruido para siempre la carrera política y la reputación personal de decenas de dirigentes socialistas, profesionales, sincialistas, empresarios y funcionarios públicos.

La prueba de fuego

La definitiva prueba de fuego del trabajo desarrollado por Mercedes Alaya será ese primer juicio de los ERE en cuyo banquillo se sentarán los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y media docena de sus consejeros, a quienes la negativa de su partido a sufragar las onerosas defensas ante el Supremo o el TSJA ha colocado en una situación económica más que comprometida.

Prueba definitiva de fuego para Alaya esta del primer juicio de los ERE, pero no primera ni tampoco única.

El primer fracaso

El primer gran fracaso de la instrucción de Alaya tardó bastante tiempo en llegar: ocurrió en 2014 en el Tribunal Supremo cuando este absolvió al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que la juez había metido precipitadamente en el mismo saco de acusados donde incluyó a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, que sí fueron condenados por el intento de cobro de una ‘mordida’ de 450.000 euros a un grupo de empresarios. Precisamente lo que daba al caso la trascendencia política que tuvo era que entre los procesados figurara un alto cargo de la Junta, pues Mellet y Ponce tenían la condición de cargos directivos, no de cargos políticos.

Se buscan valientes

El ‘caso Rivas’ es sumamente revelador de lo difícil que es encontrar valientes dispuestos a pinchar una burbuja. Es, por lo demás, lo que suele ocurrir con las burbujas económicas, como la del ladrillo en la España de la primera década de este siglo: muchos sospechaban de la existencia del fatídico globo, pero nadie se atrevió a pincharlo. Los economistas justifican esa conducta recordando que hay que tener mucho temple para retirar el champán en plena fiesta.

Prueba cogida con alfileres

Como puso de manifiesto la sentencia absolutoria del Supremo, las pruebas reunidas por Alaya contra Rivas eran de un endeblez sobrecogedora.

En realidad, la única prueba de cargo contra el político sevillano era, simple y llanamente, la declaración de Mellet ante la Policía implicándolo en el cohecho, aunque el directivo de Mercasevilla ni siquiera llegó a ratificar su acusación ante la autoridad judicial.

Hasta que llegó el Supremo

Pues bien, Alaya consideró en distintas resoluciones que esa declaración de Mellet era un “indicio sólido”. Y no solo Alaya: a continuación la Fiscalía apoyó su tesis, después el jurado popular que juzgó el caso condenó a Rivas y más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la condena aun reconociendo las “dudas” que le suscitaba su participación en los hechos y aun admitiendo expresamente que “un veredicto absolutorio habría sido irreprochable desde el punto de vista de la prueba practicada”. Fue finalmente el Supremo quien pinchó la ‘burbuja Rivas’.

Un arma demasiado valiosa

Aunque otras instancias hayan ido ratificando el grueso de sus decisiones, si cabe personalizar los casos de Mercasevilla, los ERE o la formación en la figura de Mercedes Alaya es porque las hipótesis judiciales de la hoy magistrada de la Audiencia de Sevilla eran de hecho –lo pretendiera ella o no– un arma de destrucción política de tal calibre que la presión combinada del Partido Popular, sus medios afines, la opinión pública y los sectores más conservadores del poder judicial hacía muy improbable que instancias como la Fiscalía o las salas de apelación se atrevieran a 'retirar el champán' y pinchar una burbuja judicial de la que tanto rendimiento obtenía tanta gente.

Sobre burbujas

Es bien sabido que una burbuja económica se produce en gran medida merced a la especulación, causante de subidas desproporcionadas y sostenidas de un activo o un producto, con lo cual su precio se dispara, alejándose exponencialmente de su valor real.

La burbuja judicial andaluza habría sido posible merced a una instrucción fuertemente especulativa, es decir basada en hipótesis inverosímiles o construcciones sugestivas que, al acusar en bloque a la cúspide de la nomenclatura política andaluza, habrían de alcanzar un altísimo valor en un mercado político-judicial hasta entonces monopolizado casi en exclusiva por tramas de corrupción situadas en el entorno del Partido Popular.

El fraude imaginario

Dos años y medio después del caso Rivas, el turno de pinchazos le llegaría a la macrocausa de los cursos de formación, que ya acumulan más de un centenar de archivos en diferentes juzgados andaluces después de que Mercedes Alaya fracasara en su intento de acaparar la causa con el argumento –de nuevo fuertemente especulativo– de que se trataba de una trama de clientelismo político urdida por los gobernantes del Partido Socialista. Es más: los investigadores policiales llegaron a cifrar el fraude ¡en 3.000 millones de euros!

39 de 18.000

El punto de inflexión en la cascada de archivos judiciales tenía lugar en octubre pasado, cuando la juez María Núñez Bolaños, sustituta de Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, archivaba la pieza ‘política’ donde su antecesora había imputado a una veintena de ex altos cargos en cuya conducta creyó ver indicios delictivos de haber armado una red clientelar para favorecer a empresas cercanas al PSOE. Así ventilaba el auto de sobreseimiento la imaginativa hipótesis de Alaya: “Entre las más de 18.000 subvenciones otorgadas encontremos 39 empresas que tienen alguna vinculación con el partido socialista [lo cual] no resulta significativo".

La celebérrima ‘red clientelar’ de Alaya –que, por cierto, solo habría sido viable con la connivencia de decenas de funcionarios de carrera– quedó finalmente despachada a precio de saldo en el mercado judicial, aunque su valor en el parqué de la política fue incalculable durante los dos largos años en que la causa estuvo viva.

Delinquir a la vista de todos

Nueve meses después del jarro de agua fría de la formación ha llegado el jarro de agua no menos fría de los suelos de Mercasevilla, donde también Alaya vio un diabólico plan para vender los terrenos por solo 106 millones de euros cuando la empresa mixta podría haber obtenido tan ricamente, según la juez, más de 150.

La paradójica particularidad del plan delictivo, a cuya cabeza estaría el teniente de alcalde comunista Antonio Rodrigo Torrijos, es que sus autores lo habrían llevado a cabo ¡a la vista de todo el mundo y cumpliendo todos los requisitos administrativos exigidos por la ley en materia de concursos subasta! Los diez procesados han sido absueltos.

Como un solar

También este caso guarda estremecedoras similitudes con el concepto de burbuja judicial: el precio disparatadamente alto al que la instrucción de Alaya puso este caso en circulación en el mercado político, el fallo judicial lo ha reducido a cero.

A los suelos de Mercasevilla les ha sucedido lo que a esos miles de solares dispersos por todo el país que los promotores pagaron en su día a precio de oro y hoy no valen ni el polvo que los cubre.

Y ahora le toca el turno a la pieza política de los ERE que, a partir del 13 de diciembre, juzgará el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales a más de 6.000 trabajadores de empresas en crisis.

¿Quién da más?

Los procesados y sus defensas están convencidos de que la Audiencia de Sevilla no se atreverá a pinchar un globo judicial tan valioso y que lleva hinchándose desmesuradamente desde hace más de un lustro. Piensan que tendrá que ser finalmente el Supremo quien haga ese trabajo, aunque para entonces a nadie le importará demasiado cuál sea el desenlace porque todos los procesados estarán ‘muertos’.

También los ERE tienen con el caso de la formación y con el de Mercasevilla reveladoras similitudes. La principal, esta: que los supuestos delincuentes habrían actuado a la vista de todo el mundo a lo largo de una década, intercambiando por escrito argumentos jurídicos en defensa del procedimiento considerado prevaricador por Alaya, incluyendo las ‘partidas ilegales’ de los ERE en la Ley de Presupuestos que aprobaba cada año el Parlamento… ¿Quién da más en materia de delincuencia organizada?

No ocurrió todo, pero sí mucho

Todo ello no significa, ni mucho menos, que el ingente trabajo de Alaya haya sido inútil o errado en su integridad. Naturalmente que ha habido malversación de fondos, pero lo más probable es que la haya habido únicamente en la Consejería de Empleo, no en media Junta de Andalucía con su presidente a la cabeza.

Fue ese departamento al frente de cuya Dirección General de Empleo estaba Francisco Javier Guerrero el que otorgó a empresas, amigos o instituciones –la mayor parte de ellas ubicadas en Sierra Norte de Sevilla, de donde es originario Guerrero– decenas de ayudas por valor de millones de euros que ni estaban justificadas ni fueron debidamente fiscalizadas. La responsabildiad política 'in vigilando' es obvia. Será el examen judicial de todas ellas, una a una, lo que permitirá conocer el alcance preciso, pero en todo caso abultadísimo, de la malversación.