¿Una mera hipótesis de trabajo planteada por los agentes policiales es suficiente para promover la imputación de los sospechosos o se debe investigar a fondo la propia hipótesis para "confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente"?
La pregunta no la formula ningún abogado defensor de los investigados en la macrocausa de los préstamos y avales concedidos por la agencia pública IDEA de la Junta de Andalucía, sino que plantea en un auto judicial la magistrada titular del Juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, María Núñez Bolaños. Ya en el caso del fraude de la formación la juez fue muy crítica con la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Periciales controvertidas
La instructora ha rechazado los recursos del Partido Popular de Andalucía y de la defensa de un ex alto cargo contra su decisión de que el interventor general de la Junta elabore un informe pericial sobre determinados extremos del caso.
Aunque los recursos sostenían que es “contrario a derecho acordar la elaboración de informe pericial jurídico, no admitido en nuestro sistema procesal", lo cierto es que en otras macrocausas como la de los ERE el informe pericial encargado por la juez Mercedes Alaya a técnicos de la Intervención General del Estado –sobre la idoneidad del procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales– fue absolutamente determinante para que decenas de altos cargos se sienten finalmente en el banquillo.
También en este caso de los ERE las defensas de distintos investigados intentaron anular esa diligencia al entender que se estaba poniendo en manos de unos peritos la calificación judicial de aquello mismo que la justicia debía juzgar: si el procedimiento y las denominadas transferencias de financiación utilizadas para abonar las ayudas a trabajadores y empresas eran ilegales.
Hechos e interpretaciones
En el caso de IDEA, la instructora Núñez piensa que dicho peritaje es imprescindible para clarificar “los hechos denunciados en el atestado de la UCO, comenzando por diferenciar entre lo que son criterios interpretativos o hipótesis de auténticas irregularidades, y, en su caso, una vez constatada la existencia de las mismas, determinar las ayudas en las que concurren dichas irregularidades y analizar si ello ha supuesto ilícito alguno".
Al hilo de ello, la magistrada recuerda oportunamente que la Audiencia Provincial de Sevilla ya dictaminó en un auto de julio de 2016 que "constituyen objeto de causa penal, y, por ende, susceptible de ser investigados, los hechos constitutivos de ilícito penal y no las meras irregularidades administrativas".
El precedente de la formación
En alusión, aunque sin citarla, a la investigación del caso de la formación, que ya acumula más de un centenar de archivos judiciales pese a que los informes policiales veían numerosos indicios delictivos, la juez Núñez Bolaños afirma: “No sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas", y de ahí que, en el caso de IDEA, sea “absolutamente” necesaria "la colaboración de técnicos expertos en la materia con competencias de auxilio que examinen, no sólo la normativa a aplicar, sino su aplicación en un contexto real en atención al momento de concesión de las diferentes ayudas y la situación económica de la empresa".
Cuidado con la legalidad
En su auto de octubre pasado donde archivaba la denominada pieza política del caso de la formación, con 24 ex altos cargos de la Junta investigados, ya la juez Núñez incluía severos reproches al trabajo de la UCO: sobre la falta de documentación en los expedientes detectada por los interventores en sus informes especiales, “se construye" por parte de la UCO –escribía Núñez– "la hipótesis o teoría de que esta irregularidad es utilizada para conceder arbitrariamente las subvenciones creando una red de 'clientelismo político'".
La instructora era muy dura en sus reproches a la Guardia Civil: "Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas cuando, como hechos objetivables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de Legalidad, Seguridad Jurídica e Intervención Mínima del derecho penal".
