No puede admitirse que PP y Ciudadanos se pongan de acuerdo para “evitar el debate de enmiendas particulares a los PGE, como la de garantizar que el tramo de Algeciras Bobadilla esté construido en 2020 y no en 2081, como sería el ritmo que ha puesto el Gobierno". Son palabras del coordinador regional de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que ayer participó junto a otros líderes políticos y representantes sindicales en la manifestación convocada en Algeciras para exigir inversiones que garanticen un avance real de las obras de la línea férrea Algeciras-Bobadilla.
Las obras están prácticamente estancadas a pesar de que la legislación europea puso a España en 2020 la fecha límite para la terminación de la mejora de la línea, señalada desde 2004 como una infraestructura ferroviaria prioritaria en Europa. Y es que red ferroviaria de la comarca situada más al sur de Europa sufre un cuello de botella sin electrificar de 176 kilómetros.
Guerra de cifras
Bajo el lema 'El tren de la comarca', cerca de 4.000 personas participaron en una marcha donde estuvieron todos los grupos políticos a excepción del PP, los sindicatos y, muy significativamente, centenares de estibadores del puerto algecireño, contrarios al decreto aprobado por Gobierno que regula la estiba portuaria. La Subdelegación del Gobierno, con cifras de la Policía Nacional, rebajó los asistentes a 2.000.
Entre los asistentes estuvo el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación, Irene García, así como los secretarios generales de UGT y CC. OO. en Andalucía, Carmen Castilla y Francisco Carboneros.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz Martín, defendió en un comunicado que desde el Gobierno “hacemos todos los esfuerzos posibles para avanzar en un proyecto que no es de ahora, y que ha sido con el actual Gobierno cuando se ha relanzado".
Inversión minúscula
No lo ve así la presidenta de la Diputación, Irene García, que recordó que la cantidad que consigna el borrador de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 es de 20 millones de euros, "lo que impediría finalizar las actuaciones en el horizonte de 2020, como estaba marcado por la propia Unión Europea para la ejecución del denominado Corredor Mediterráneo".
Ya el año pasado la diputada de IU por Cádiz Inmaculada Nieto se quejaba de que no se había puesto "ni una traviesa en cinco años". Las obras pendientes de ejecución, de competencia estatal, requieren una inversión de 1.300 millones de euros, según puso negro sobre blanco el propio Gobierno del PP en un documento entregado a un grupo de empresarios de la comarca del Campo de Gibraltar. Así pues, se deberían invertir 250 millones de euros anuales para que el proyecto fuera una realidad.
