Fue uno de los mayores errores políticos cometidos por Juanma Moreno como presidente del PP de Andalucía: perder la ciudad de Granada por su precipitación al dejar caer de forma súbita al alcalde José Torres Hurtado –tras su imputación provisional en una presunta trama de corrupción urbanística– sin contar con que éste se revolvería furiosamente contra el partido por el mal trato recibido.

Resultado de la pésima operación: Ciudadanos cambió de bando dándole la Alcaldía al PSOE una vez constatado que Torres Hurtado había arrastrado en su caída a Sebastián Pérez, presidente del partido y virtual sustituto –además de declarado enemigo– de Torres.

Un tándem con antecedentes

Ya antes de las elecciones de 2015 el líder de Cs en Granada, el exsenador socialista Luis Salvador, había intentado en connivencia con Pérez que Torres no fuera el candidato: no lo consiguió, pero activó todas las alarmas en Torres, sabedor que a la primera oportunidad que se presentara el tándem Salvador-Pérez intentaría echarlo de la Alcaldía.

La operación Nazarí contra la corrupción fue esa oportunidad, pero ni los enemigos locales de Torres Hurtado ni la dirección andaluza del PP jugador bien sus cartas: Salvador no pudo hacer alcalde a Pérez porque este había sido previamente obligado a dimitir por Torres. 'Dos por el precio de uno', debió pensar el exalclade derrocado.

Todas las puertas abiertas

Pero la dirección regional del partido no se da por vencida. Su obsesión es reconquistar la Alcaldía perdida. Este lunes, el presidente regional del PP, Juanma Moreno, aseguraba en Sevilla que "no cierra ninguna puerta" a la posibilidad de conformar una moción de censura con Cs contra el gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada.

"Ahora mismo todas las puertas están abierta. Si la cosa madura y la posibilidad de esa moción puede prosperar, siempre buscando el beneficio de los ciudadanos de Granada, por supuesto que hablaré con Marín [líder de Ciudadanos en Andalucía]", dejaba caer Moreno, para quien, desde que la gobierna el socialista Francisco Cuenca, Granada es una ciudad "paralizada y en desgobierno".

La otra batalla de Granada

Pero la Alcaldía no es el único quebradero de cabeza del presidente del PP-A, Juanma Moreno. En principio, no parece que Sebastián Pérez deba tener problemas para revalidar su cargo en el congreso del partido, pero si hubiera sorpresas y el candidato crítico Juan García Montero le arrebatara la presidencia, se interpretaría como una derrota de Juan Moreno.

Sebastián Pérez presentaba este martes más de 4.000 avales de militantes que han respaldado su candidatura para optar a la reelección. Aun así, el concejal en el Ayuntamiento de Granada Juan García Montero, vinculado al anterior alcalde y que denunció amenazas procedentes del entorno de Pérez, ha logrado reunir más de mil avales.

¿Dos varas de medir?

Po lo demás, el PP andaluz viene quejándose de que Ciudadanos no aplica la misma vara de medir en Andalucía que, por ejemplo, en Murcia.

Moreno volvía a repetir esta semana ese argumento: "¿Por qué en Murcia sí y en Granada no?", en referencia a que el alcalde socialista Francisco Cuenca “lleva imputado bastantes meses por delitos vinculados a corrupción, por un anterior cargo que tenía como alto cargo de la Junta".

El caso Cuenca

Desde octubre pasado Cuenca es, en efecto, uno de los investigados judicialmente por la contratación irregular de particulares para inspeccionar cursos de formación. La denuncia partió del Sindicato Andaluz de Funcionarios, que solicitó al juez investigar las contrataciones a particulares realizadas desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, cuando el hoy alcalde era su delegado en Granada, para realizar trabajos atribuyendo funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos.

Los denunciantes entienden que Cuenca podría haber incurrido en los posibles delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

Tras declarar ante el juez,  Cuenca defendió que se trataba de "cuestiones meramente administrativas, no de corrupción", ya que “no se está cuestionando el buen uso del dinero público ni que se haya perdido dinero ni que nadie haya metido la mano".