La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha abierto una nueva pieza separada de la macrocausa: esta vez por la ayuda de 35,9 millones de euros concedida a la empresa malagueña A-Novo Comlink España. Las personas investigadas son 12, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía y el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.
De esta cantidad, 32.116.280,23 euros se destinaron como ayuda a la empresa para el pago de las indemnizaciones por suspensión de los contratos de trabajo y jubilaciones parciales de 224 trabajadores, de los que 223 sí estaban afectados por tres expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desarrollados en 2005, 2007 y 2008, mientras que "un trabajador no figura incluido en ninguno de los ERTE analizados".
Casi medio millón de euros
De este intruso, llamado Manuel Jiménez de Miguel, la juez asegura que se trata de la persona que "presuntamente sin prestar servicios efectivos para A-Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, sería beneficiario de una póliza especial por la que se le garantizaban" rentas mensuales que oscilarían entre los 2.159,75 y los 9.221,02 euros desde abril de 2008 hasta febrero de 2017, con un coste de prima de 495.251,69 euros. El dinero fue abonado por la Junta de Andalucía "mediante pago cruzado y contra los costes financiados respecto al ERE 18/08, a pesar de no estar incluido ni en este expediente ni en ninguno de los relativos" a la empresa, concluye la juez.
Los 3,8 millones de euros restantes de los 36 se corresponden con una ayuda a la empresa para el pago por compensación por la venta del inmueble mediante la formalización debida de una póliza de seguro cuyo asegurado es el presidente de la empresa, Carlos Castiñeiras, siendo la empresa la beneficiaria. La magistrada asevera que el pago de la ayuda se efectuó utilizando el "irregular" sistema de "pagos cruzados".
Ayuda enmascarada
En el auto, la juez dice que Gilbert Weill, como presidente del Consejo de Administración de A-Novo, firmó junto a Guerrero el acuerdo de fecha 18 de julio de 2005 "que originó las actuaciones descritas", mientras que Carlos Castiñeiras, como consejero delegado, figura como asegurado de la póliza "que enmascaraba la ayuda directa concedida a la empresa por la Junta por 3.800.000 euros".
A su vez, José F. Pardo, alto directivo de la empresa y representante e "interlocutor" con Empleo, fue quien "conociendo las bendiciones y permisividad con la empresa por parte de la Administración, sin mediar solicitud y sin que consten datos económicos, conseguiría ser beneficiario" de una póliza de rentas mensuales que oscilaban entre 6.421,38 euros (en 2006) y 10.043,88 euros (2015) mensuales, con un incremento anual del 4,5 por ciento y un coste de prima de 1.049.959,37 euros.
Los investigados
En un auto difundido por el TSJA, la magistrada incluye como investigados en esta pieza separada a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.
Asimismo, la juez incluye en la pieza por la ayuda a esta empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, a los exasesores de Empleo María José Rofa y Ramón Díaz, así como a un abogado.
De igual modo, la magistrada investiga al presidente del Consejo de Administración de la empresa, Gilbert Weill, y al consejero delegado de A-Novo, Carlos Castiñeiras, a los que cita a declarar el próximo 1 de junio, así como a José F. Pardo Fernández, alto directivo de la empresa y representante e "interlocutor" con la Consejería de Empleo, y al 'intruso' Manuel Jiménez de Miguel, ligado al PSOE de Sevilla.
