Seis años de cárcel y 25 años de inhabilitación para el expresidente de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y la misma pena para los miembros del consejo de administración Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martín López. 24 años de cárcel en total.

Es la pena que, en su primer escrito de acusación por esta causa, pide la Fiscalía Anticorrupción para todos ellos por prevaricación y malversación de caudales públicos como responsables de haber otorgado una ayuda, en forma de crédito participativo, de 300.000 euros a la empresa Fumapa A pesar de ser conscientes que no cumplía con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa capital riesgo ".

La Fiscalía también solicita dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para los administradores de Fumapa, Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares. A todos los acusados les exige que indemnicen a la agencia IDEA con 300.000 euros.

Una situación comprometida

La Fiscalía relata que los socios de Fumapa y Fumapra mantuvieron una reunión en La Carolina (Jaén) con Pérez-Sauquillo, "del que nació el compromiso de una inversión en alguna de sus empresas", tras lo que, el 8 de abril de 2008, ambos socios se reunieron con el presidente de Invercaria en la sede de esta empresa pública "para la concreción de la petición de inversión y ayuda", y ello a pesar de que ya a finales de 2006 presentaba fondos propios negativos y su situación era "comprometida desde el punto de vista económico a todos los niveles".

Según el Ministerio Público, el documento que justificaría la participación pública “se realizó sin atenerse a los estándares de Invercaria y sin formato oficial" y admitiendo “carecer de datos para los informes que se han requerido” y reconocer la "deficiente situación de liquidez, fondos propios negativos y fuerte dependencia de un solo cliente".

El 1 de julio de 2008, el Consejo de Administración de Invercaria aprobó la inversión "de manera unánime sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director" de la compañía, afirma la Fiscalía, que reprocha al consejo la concesión de un préstamo participativo a Fumapa por importe de 300.000 euros a pesar de "no presentar plan de negocios, ni análisis de inversión". La empresa acabó en concurso de acreedores.