Es regla bastante generalizada que las comisiones parlamentarias de investigación simulan hacer justicia, pero en realidad hacen política. No es un drama que así sea: simplemente, está en su naturaleza, pues sus integrantes no son jueces sino políticos y la ley principal por la que se rigen es la aritmética parlamentaria, que es la que verdaderamente acaba marcando el sesgo de las ‘sentencias’.

La comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación del Parlamento andaluz no escapa a la obviedad de estas consideraciones.

Una cierta decepción

En todo caso, el presidente de la comisión, Julio Díaz (C’s) defendió el trabajo hecho en este año y medio y el texto aprobado porque contiene "un relato, conclusiones, recomendaciones y responsabilidades políticas".

No opinan, claro está, lo mismo los grupos de la oposición, muy insatisfechos insatisfechos no solo por no tener votos suficiente para imponer todas sus conclusiones, sino porque la propia investigación parlamentaria no ha arrojado ni mucho menos los nítidos resultados de corrupción y clientelismo que, meses atrás, estaban seguros de encontrar.

Díaz y Maldonado, no

Tras ocho largas horas de reunión y con los votos del PSOE y Ciudadanos, la comisión aprobaba anoche su dictamen final que será sometido Pleno este mismo mes y en el que, como cabía esperar a tenor de las relación de fuerzas parlamentarias, exime de responsabilidad política a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aunque no a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Los grupos de la oposición de PP, Podemos e IU votaron en contra del dictamen final porque querían incluir entre los responsables políticos de lo sucedido a la presidenta andaluza y a su consejero de Empleo José Sánchez Maldonado, fundamentalmente por haber mantenido la paralización de los cursos de formación decidida en du día por el Gobierno de Griñán, precisamente cuando gobernaba en coalición con IU.

¿Responsables de un bluf?

Los socialistas nunca han estado de acuerdo con la conclusión de Ciudadanos de que Chaves y Griñán eran responsables políticos. ¿Responsables de qué?, se preguntan en un PSOE que considera que todo el caso de la formación ha sido "un bluf" tanto judicial como político.

Pero el problema para el PSOE era, de nuevo, la aritmética: sus 47 diputados eran insuficientes para torcer la voluntad de Ciudadanos y el resto de grupos de culpar políticamente a Chaves y Griñán, a quienes los socialistas no han podido 'salvar', aunque sí han evitado el ‘mal mayor’ de ver señalados a la presidenta Díaz y al consejero Maldonado. Aun así y bogando en solitario contra una aritmética adversa, el PSOE votó en contra de este párrafo concreto que responsabilizaba a los dos expresidentes.

Todos en la lista

Considera el dictamen finalmente aprobado que Chaves y Griñán fueron quienes nombraron a los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y, en tanto que presidentes, ejercían la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías. Por eso los considera responsables políticos.

A ellos se añaden todos los viceconsejeros competentes en materia de formación profesional para el empleo entre 2002 y 2012, así como todos los titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo, de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en formación para el empleo y de las Delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Propuestas y maniobras

Los tres grupos de la oposición también intentaron, igualmente sin éxito, que el dictamen hiciera responsables políticos la presidenta y al consejero de Empleo "por acción negligente y pasividad, por falta de colaboración y lealtad institucional con la comisión impidiendo que llegue información fundamental, y por la pérdida de más de 800 millones destinados a la formación".

Pero tampoco se salió con la suya el PSOE, porque no tuvo el apoyo de C’s, al exigir la votación por separado de un total de 48 párrafos del dictamen síntesis con el propósito de eliminar del texto aquellos párrafos que hablaban sobre las responsabilidades políticas o de fraude e irregularidades en la formación, al entender que no existen.