No solo para Griñán. Para los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se sentarán en el banquillo por la macrocausa de los ERE es su primera victoria procesal importante en mucho tiempo.
Atendiendo a los argumentos del Gabinete Jurídico de la Junta y actuando en consonancia con lo avanzado en otros autos donde dejaba entrever su disconformidad con que se impusieran fianzas civiles a responsables políticos pero no se reclamara a los 6.000 trabajadores beneficarios el dinero indebidamente cobrado por los ERE, la juez María Núñez Bolaños ha archivado las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía cautelar contra los 26 exaltos cargos investigados en la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos, levantando de este modo la fianza civil de 4.214.702 euros impuesta al expresidente de la Junta José Antonio Griñán.
Dinamita para el PP
La juez se hace así eco de los argumentos esgrimidos por la acusación particular que ejerce la Junta, que solicitó el archivo de esta pieza separada, aunque "se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".
La decisión de la juez dará probablemente nueva dinamita al Partido Popular de Andalucía, que desde hace meses mantiene una lucha procesal y política particularmente enconada con la sustituta en el Juzgado de Instrucción 6 de Mercedes Alaya, cuyas decisiones, en cambio, prácticamente siempre compartió la formación conservdora.
Fianzas millonarias
Como se recordará, en el auto donde abrió juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves --a quien no se llegó a imponer fianza civil-- y José Antonio Griñán y otros 24 exaltos cargos, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, requirió a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo para que prestaran una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que lo hiciera en la cantidad de 6.229.108 euros, y al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pidió una fianza de 3.763.332 euros.
El juez Álvaro Martín, que les apercibió de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procedería a decretar el embargo de bienes, impuso posteriormente --mediante auto de 21 de diciembre-- una fianza de responsabilidad civil de 1.975.534 euros al exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, mientras que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tenía una fianza civil de 807 millones y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de 686 millones.
Los argumentos de Núñez
Núñez entiende que la Junta, como perjudicada, ejercitó como acusación particular la acción penal, "y en consecuencia se entendía ejercitada también la acción civil", añadiendo que una vez "manifestada su postura procesal de no ejercicio de la acción penal", la Junta "debía aclarar su posición en el ejercicio de la acción civil y si conforme a lo previsto" en el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "renunciaba o se reservaba el derecho a ejercitarla después de terminado el proceso penal".
Dado que así ha ocurrido en la pieza 'política' de los ERE, "no cabe el ejercicio de la acción civil por el Ministerio Público ni por supuesto por otra acusación distinta al perjudicado".
El caso llega a la Audiencia
Simultáneamente, la juez María Núñez Bolaños ha elevado en la mañana de este jueves a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza 'política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que afecta a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos, entre ellos seis exconsejeros, informa Europa Press.
Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha explicado a un grupo de periodistas que se ha remitido la causa a la Audiencia en formato digital y con un índice de 57 páginas a través del cual se podrá acceder fácilmente a cualquier diligencia o actuación de esta causa, cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.
La causa se compone de 11 CD que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios, a lo que hay que sumar un total de siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo.
