"Si grave, desde el punto de vista de la falta de parcialidad de la instructora, es lo anteriormente expuesto [incumplimiento del deber de abstención], mas grave aún es la parcialidad que denota en las preguntas que ha realizado directamente a testigos en sus declaraciones y las interrupciones permanentes de los interrogatorios cuando las respuesta no eran acordes y tendentes, como después hemos conocido, al fundamento de un auto de sobreseimiento y archivo".

Es uno de los párrafos del escrito de más 350 folios presentado por la acusación particular ejercida por el PP ante la Audiencia de Sevilla contra el archivo, pedido por la Fiscalía, de la pieza política de causa de los cursos de formación.

Alaya vs. Núñez

El escrito es el último capítulo de una estrategia sostenida desde hace meses por el PP contra la jueza que sustituyó a Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Y es que mientras las tesis de la magistrada de los ERE coincidían prácticamente en su integridad con las propias hipótesis del PP de que había habido una maquinación política para otorgar arbitrariamente a 'empresas amigas' las subvenciones para cursos de formación, las tesis de Núñez sostienen que solo se produjeron irregularidades administrativas, no ilícitos penales.

Objetivo: la nulidad

El recurso popular, muy duro con la actuación de la jueza Núñez Bolaños, exige que la Audiencia reabra la causa y "declare la nulidad de todo lo actuado" por la magistrada, cuya instrucción considera “parcial” y “sesgada”.

El escrito no llega a acusar a Núñez de prevaricación, pero casi: para el PP había una “predeterminada intención de la instructora de archivar esta causa, a pesar de concurrir sobrados indicios objetivos y racionales de criminalidad”.

No opina lo mismo el Ministerio Público. Fue a petición de la Fiscalía Anticorrupción cuando el 11 de octubre de 2016, la juez archivó esta pieza, que afecta a 24 ex responsables del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados en las ocho provincias andaluzas.

Interrogatorios capciosos

Para el PP los interrogatorios han sido en muchos casos "sugestivos y capciosos", como cuando  “intentó reconducir hacia las tesis defensivas” a determinado “testigo que se encontraba en una situación comprometida, perjudicial para las tesis de la defensa y favorable para las tesis acusatorias".

En un “llamativo, sorprendente, inaudito e improcedente actuar", Núñez también habría intentado “desacreditar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía como prueba de cargo" y habría intentado en sus interrogatorios “obtener respuestas favorables a las tesis defensivas y, por supuesto, que fuesen contrarias a nuestras tesis acusatorias".