El que entonces era obispo de Cádiz y hoy lo es en calidad de emérito, Antonio Ceballos, remitió el 6 de octubre de 2008 una carta al consejero de Empleo Antonio Fernández pidiéndole "colaboración y ayuda" para sufragar la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaba a 50 trabajadores desde el 1 de enero de 2007 mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación en el edificio y la residencia de ancianos volvía a la actividad.
La Consejería le otorgó 300.000 euros, un dinero que “pasó a formar parte del gasto corriente del Obispado, sirviendo para abonar todo tipo de facturas".
Bajo sospecha
La carta, la ayuda, el modo en que esta fue otorgada y el destino final del dinero son algunos de los extremos investigados por el área de delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que ha solicitado imputar en el caso de los ERE fraudulentos al obispo emérito de Cádiz y Ceuta, a cuenta de un presunto delito de tráfico de influencias.
El atestado fue adelantado ayer por 'El Independiente', que informaba de que la Guardia Civil apunta tanto al obispo emérito, de 81 años de edad, como al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá y al ex director general Juan Márquez.
La carta
En su misiva al consejero, monseñor Ceballos exponía que el nuevo geriátrico tenía prevista su inauguración el 8 de diciembre de 2008, pero se produjo el hallazgo de restos arqueológicos durante las obras, lo que supuso un retraso en las mismas, lo cual obligaba a ampliar el periodo de tiempo del expediente laboral, "pasando los trabajadores a una situación económica muy distinta y en otro espacio de tiempo, y por nuestro lado con un muy importante incremento del presupuesto previsto".
El obispo esperaba de la Junta que, "antes de llegar a que a los trabajadores se les presente una difícil situación económica familiar”, pudiera ”ayudar a este Obispado para solucionar la misma durante el tiempo de ampliación del expediente de regulación de empleo".
La ayuda
El 30 de julio de 2009, Juan Márquez resolvió conceder una ayuda sociolaboral excepcional de 300.000 euros a los 50 trabajadores del Centro Geriátrico del Obispado de Cádiz y encomendó el pago a la agencia IDEA.
Los agentes piensan que se han incumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación "legalmente establecidos para el otorgamiento y concesión de subvenciones", a lo que se suma que "no se ha acreditado suficientemente el carácter excepcional de la ayuda" concedida.
