Fue durante años uno de los hombres más admirados de Andalucía y mañana puede acabar siendo carne de prisión. Y no él solo. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de prisión para el expresidente de la multinacional sevillana Abengoa Felipe Benjumea y cuatro años y tres meses para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal al cobrar indemnizaciones millonarias, según su escrito de acusación.


En el escrito conocido ayer, el fiscal José Perals ha solicitado la apertura de juicio oral contra Benjumea, Sánchez Ortega, el también expresidente Antonio Fornieles y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde.


11,48 millones

Benjumea recibió 11,48 millones al dejar la empresa y Sánchez Ortega, 4,48 millones.
El fiscal pide cinco años de prisión y una multa de 90.000 euros (300 euros diarios durante diez meses) para Benjumea; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 72.000 euros (300 euros diarios durante ocho meses) para Sánchez Ortega; y tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros al día durante seis meses) para Fornieles.


En cuanto a las dos exconsejeras, el fiscal solicita para ambas tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros diarios durante seis meses) por su actuación en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.


Consejero dominical

Las maniobras para eludir la ‘salida voluntaria’ del entonces presidente de la empresa no convencen en absoluto al fiscal: "Las sucesivas y precipitadas reuniones del Consejo de Administración y de la Comisión Nombramientos y Retribuciones, así como la carta de renuncia de Felipe Bejumea únicamente alcanzan sentido desde el entendimiento de que a través de ellas se encubrió lo que realmente fue una salida voluntaria de Felipe Benjumea".

Añade además que éste no quedó desvinculado de la compañía ya que en la misma sesión del Consejo de Administración fue nombrado "consejero dominical y presidente no ejecutivo" y por ello se propuso la firma de un contrato de asesoramiento con una retribución de 1.086.000 brutos anuales.

Confidencialidad, ¿para qué?

El fiscal Perals cuestiona igualmente las indemnizaciones por confidencialidad contractual ya que ninguno de los directivos precisaba asegurarse una estabilidad económica tras la extinción del contrato "evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo, ya que en ambos casos se acordó que los dos mantendrían la parte fija de su remuneración bruta anual".

Añade que ambos cobraron las cantidades señaladas cuando la compañía "ya atravesaba una grave crisis y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital de la sociedad".

Los despidos

La crisis de la compañía fue –está siendo– brutal. No hay cifras oficiales del volumen de trabajadores de Abengoa que han perdido su trabajo en todo el mundo. Los representantes de los trabajadores calculan que, a lo largo del último año y medio, la plantilla se ha reducido en más del 50 por ciento, pasando de 32.000 a 17.000 trabajadores.

Solo en Sevilla el volumen de trabajadores ha pasado, según sus representantes, de los casi 3.000 hasta los 1.700.

Responsabilidad civil

El fiscal pide que, por su responsabilidad civil, Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros.
A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones.


Sobre Benjumea, el fiscal dice que fue cesado como presidente pero no como consejero, cargo que dejó de forma voluntaria, por lo que no debería haber recibido la indemnización de 7 millones.
Además, subraya que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, por lo que ninguna tenía derecho a la compensación de 4,48 millones.

La vista oral

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos, entre ellos el exministro y exconsejero de Abengoa Josep Borrell, el expresidente de la compañía José Domínguez Abascal y el ex consejero delegado de la compañía Santiago Seage.


El pasado 13 de enero, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propuso llevar a juicio oral a Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde.
Desde ese momento, la Fiscalía y las acusaciones particulares disponían de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias.