Lo anunciaba ayer el consejero de Salud, Aquilino Alonso, muy necesitado en los últimos tiempos de buenas noticias. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad rechazar el recurso presentado por el Gobierno contra el Decreto Ley aprobado por la Junta de Andalucía en diciembre de 2011 de medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público, que regula la selección pública de medicamentos en la comunidad autónoma. Desde la implantación del sistema el ahorro supera los 413 millones de euros, cifra que este año será de 150 millones.

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, la Consejería de Salud emitía un comunicado oficial criticando que el Gobierno de España “ha puesto todos los obstáculos posibles a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización”. Han sido, en efecto, más de 50 los procedimientos judiciales presentados por parte del Estado por la vía Constitucional y contencioso-administrativa contra esta medida de la Junta.

Medicamentos avalados

El consejero Alonso ponía de manifiesto la "gran satisfacción" del Gobierno andaluz por esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica, según ha indicado el consejero, pero que "lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado".

El consejero recordaba ese ahorro de 413 millones de euros y echaba estas cuentas: "Si se tiene en cuenta que construir un hospital de alta resolución cuesta 25 millones de euros, con lo ahorrado se podrían hacer seis centros de ese tipo".

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, la Consejería de Salud emitía un comunicado oficial criticando que el Gobierno de España “ha puesto todos los obstáculos posibles a esta medida de eficiencia desde su implantación, llevándola ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y contra la que ha planteado numerosos recursos para su paralización”.

Salud asegura que, además de un importante ahorro “sin mermar la calidad del servicio” prestado a los ciudadanos, ya que los medicamentos prescritos están "avalados y autorizados por la Agencia Española del Medicamento", el sistema permite que los usuarios tengan acceso siempre al mismo medicamento, con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión al tratamiento”.

Enfado en el PP

El PP, sin embargo, se ha apresurado a descalificar el sistema, tanto en términos médicos como económicos. Su coordinador de Sanidad, Jesús Aguirre, afirmaba ayer que la Junta de Andalucía "está deteriorando la calidad de la sanidad con la subasta de medicamentos a cambio de conseguir unos posibles ahorros".

El PP asegura “el sistema de subastas rompe la equidad en el acceso a los medicamentos” y que, de los 10.000 recogidos en el Vademécum español, la subasta impuesta por el Gobierno andaluz "sólo deja acceso a 400 medicamentos, de los cuales un 46 por ciento tiene problemas de abastecimiento".

También asegura el partido del Gobierno que el sistema de subastas impuesto por la Junta produce "muchos problemas" a los pacientes a consecuencia de los "desabastecimientos, que se dan todos los días en las farmacias andaluzas, porque los laboratorios adjudicatarios no tienen capacidad de atender la demanda de toda Andalucía".

Sorna en el PSOE

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, animaba con sorna a los diputados del PP a defender la "ejecución inmediata" de la "sentencia, no vayamos a encontrarnos lo mismo que nos encontramos cuando el Constitucional resolvió sobre la incompatibilidad entre alcalde y diputados autonómicos" cuando "pasaron dos meses para ejecutarla y pidieron al tribunal una aclaración" de la sentencia porque "no sabían cómo ganar tiempo para no cumplir con el TC".

Aludía Jiménez con su declaración a la urgencia exigida por el PP para que se ejecute la sentencia del TC que le da la razón en la composición de la Mesa del Parlamento andaluz.