La victoria del PP ante el Tribunal Constitucional por la composición de la Mesa del Parlamento andaluz, donde reclamaba otro puesto además del que tiene, ha vuelto a traer a la actualidad política la vieja controversia –populista para algunos, imprescindible para otros y embarazosa para casi todos- sobre ‘los sillones’.
El PP ha dado ante el TC la batalla por un sillón y la ha ganado. Además del presidente socialista, integran la Mesa del Parlamento otros seis miembros: dos del PSOE y uno por cada uno de los cuatro grupos restantes, una distribución que el PP recurrió esgrimiendo el agravio de tener en el órgano de gobierno parlamentario la misma representación que partidos con muchos menos diputados. El PSOE tiene en la Cámara 47 diputados, el PP 33, Podemos 15, Ciudadanos 9 e IU 5.
La palabra (ahora) maldita
Como se sabe, la sentencia del TC anula el nombramiento de los secretarios de la Mesa e insta al Parlamento a "arbitrar las medidas oportunas para hacer efectivo" el derecho de la parlamentaria popular Patricia del Pozo a ocupar un ‘sillón’ en la Mesa.
En la campaña electoral de las autonómicas de 2015, IU y Podemos se situaron a la vanguardia en el combate contra lo que ambos, no sin cierta suficiencia moral, siempre han denominado ‘los sillones’. Antonio Maíllo, insistió una y otra vez en que su formación quería "políticas, no sillones" y Teresa Rodríguez prometía poner “el foco en las propuestas que necesita Andalucía, no en el reparto de sillones”.
De pronto, el término ha desaparecido del vocabulario político de los dos grupos. Desde luego, en el debate abierto por la sentencia del TC, que es literalmente el debate por un sillón, ninguno de ellos ha pronunciado la palabra ahora maldita.
La batalla viene de lejos
En su día ya hubo un agrio rifirrafe entre el entonces portavoz del PP, Carlos Rojas, y el presidente de la Mesa de Edad, el socialista Luis Pizarro, a cuenta del reparto de las secretarías ahora anuladas por el TC, ya que se otorgó una a IU para cumplir con el artículo 36 Reglamento de la Cámara, pero al hacerlo no se respetó que la candidata del PP había sido la segunda más votada (33 votos) y el de IU había sido el último (5).
Al tener ya, con las votaciones anteriores, los demás partidos representación en la Mesa, todos excepto el PP consintieron en que ese puesto fuera para la federación de izquierdas en detrimento del PP y no del PSOE. Se mataban así varios pájaros de un tiro: PSOE y C’s conservaban la mayoría en la Mesa y todos los partidos estaban representados. Pero en opinión del PP, con aquel disparo se mataba también un pájaro inocente: Patricia del Pozo. Rojas anunció que recurrirían aquel “atropello a la democracia” y ahora el TC le da la razón.
Contratos en el aire
Aunque todos los grupos parecen dispuestos a consensuar el modo en que haya de aplicarse la sentencia del Constitucional, quien observa más plácidamente el panorama es sin duda el victorioso PP, cuyo segundo sillón en la Mesa lo ocupará –sí o sí– su diputada Del Pozo. La pegunta ahora es en qué términos y a costa de quién se aplicará el dictamen, si bien el mayor número de papeletas para salir perjudicado lo tiene Izquierda Unida.
Y es que por debajo del ruido político y reglamentario desencadenado por la sentencia, late un asunto mucho más prosaico pero de no poca relevancia para los partidos: cada miembro de la Mesa tiene derecho a un plus en la remuneración, despacho propio, coche oficial y la contratación de un conductor y un asesor. IU perdería todo eso si Castro es expulsado de la Mesa, aunque ninguno de los otros partidos parece haberse propuesto tal cosa.
En el inicio de la legislatura, Podemos y Ciudadanos renunciaron al coche al que tenían derecho sus miembros en la Mesa y sus portavoces en la Cámara, pero no a la asignación económica correspondiente para pagar el salario del conductor. Las arcas de los partidos siempre andan justas para sus necesidades y toda ayuda para financiarse viene bien.
Las posición del presidente Durán
El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ya ha avanzado que el Parlamento “cumplirá escrupulosamente la sentencia" y recordó que el Tribunal Constitucional rechazaba así "la posición del presidente de edad de la Mesa, asistido por los servicios jurídicos de la Cámara, que interpretaban que el artículo 36 del Reglamento determinaba que por encima del resultado de la votación" de la Mesa en ella "debían estar presentes todos los grupos".
Durán sintetizaba así la situación creada: "En esa disputa técnico-jurídica el Constitucional ha decidido que por encima del derecho reglamentario en cuanto a la representatividad de los grupos en la Mesa está el derecho individual y personal de la señora Del Pozo, que le corresponde pertenecer a la Mesa del Parlamento como secretaria segunda del mismo, y con ello lo que hace es desplazar fuera de la Mesa, tal como dice la propia sentencia, al diputado de IU José Antonio Castro, que estaba como secretario tercero".
No obstante, Durán no descartó estudiar la propuesta de IU de ampliar el número de componentes de la Mesa, si bien ello requeriría modificar el Reglamento, lo cual, dado que el cumplimiento del fallo del TC no admite demora, se tendría que hacer mediante “una proposición de ley que se podría aprobar por lectura única si así se acuerda por todos los grupos, lo que permitiría "acortar enormemente los plazos”.
La posición del PSOE
Tras la adversa sentencia, los socialistas intentan dos cosas: no cargar con las culpas por lo sucedido y, lo más importante, no perder la mayoría de cuatro sobre siete con que cuentan en la Mesa: dos miembros del PSOE, más uno de Ciudadanos, más uno del presidente.
El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se mostraba este miércoles dispuesto a consensuar una fórmula "que no perjudique a nadie" y que garantice “la máxima pluralidad y representatividad, un principio que la iniciativa del PP ha invalidado".
La solución que se encuentre, precisaba Jiménez, puede ser "con carácter transitorio para esta legislatura” o con una reforma definitiva.
La posición del PP
La portavoz parlamentaria del PP, Carmen Crespo, que no se cierra al diálogo, quiere que "se cumpla inmediatamente" la sentencia al tiempo que exige a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "pida disculpas públicamente" por la "cacicada".
Crespo repetía así el argumentario popular, que intenta concentrar toda la responsabilidad en Díaz, pasando por alto el hecho incontrovertible de que la composición de la Mesa ahora anulada por el Constitucional fue posible porque, además del PSOE, sobre todo IU y Podemos, pero también Ciudadanos, estuvieron de acuerdo.
Los socialistas, decía la portavoz, quisieron "tener en la Mesa una mayoría falsa, que no le otorgó el pueblo andaluz" en las elecciones. Paradójicamente, el PP salva de sus críticas precisamente a quien habría ‘usurpado’ su puesto, que es Izquierda Unida.
La posición de Podemos
Por su parte, Podemos, tan beligerante habitualmente en materia de sillones, ha optado por un perfil bajo. Su diputada Libertad Benítez hizo el miércoles un llamamiento genérico "al consenso y al diálogo", culpó al PSOE de "incapacidad" para gestionar la pluralidad de la Cámara y adelantó, cautamente, que su grupo no iba a aportar soluciones concretas.
El tono y el contenido de las palabras de Benítez quedaban muy lejos de los de Teresa Rodríguez, que en su momento atribuyó el rifirrafe de la composición de la Mesa a la “pelea por los sillones del bipartidismo decadente”.
La posición de Podemos ahora es que aporten soluciones “quienes se han visto en este fregado", decía Libertad Benítez, olvidando también que sin el consentimiento de su grupo no habría sido posible que el tercer secretario de la Cámara fue un diputado de IU y no uno del PP.
La posición de Ciudadanos
El presidente del grupo de Ciudadanos, Juan Marín, ponía por delante el "máximo respeto" al Tribunal Constitucional, pero opinaba que se había “quedado corto, debería haber dicho, además, que todos los grupos parlamentarios deberían estar representados con el voto ponderado, con un solo representante, igual que en la Junta de Portavoces".
Ciudadanos tiene claro el sentido del fallo del Alto Tribunal: "Con esta sentencia el Tribunal Constitucional, y el PP, que es quien lo reclamó, dejan fuera de la mesa a IU, algo que para nosotros es poco participativo y poco democrático".
La posición de IULV-CA
La federación de izquierdas es quien queda en una posición más delicada tras la sentencia. IULV-CA se inclinaba por la fórmula sugerida por el presidente de la Cámara y apostaba por una reforma exprés del Reglamento del Parlamento al objeto de aumentar de siete a ocho el número de miembros de la Mesa. Obviamente, eso significa… un sillón más.
Tras las elecciones, Teresa Rodríguez rechazaba rotundamente ampliar la Mesa "para no aumentar sueldos y privilegios". En su día, cuando se constituyó la Mesa, portavoz de IU, Antonio Maíllo, acusó al PP de “montar un espectáculo por una pataleta un poquito heavy” y celebró que se hubiera garantizado “la paridad y la presencia de todos los grupos”.
Maíllo y el representante en la Mesa, José Antonio Castro, creen que el TC no plantea en su sentencia la salida de IULV-CA de la Mesa: "Si echamos a IULV-CA estaremos conculcando los mismos derechos que dice la sentencia que se han conculcado a la diputada del PP-A".
¿Tener voz pero no voto?
Otros partidos interpretan, en cambio, que el TC deja muy claro que ha de prevalecer el derecho a la diputada Del Pozo a estar en la Mesa sobre el precepto reglamentario de que estén todos los partidos en ella.
En todo caso, IULV-CA rechaza estar sentada en la Mesa "viendo simplemente cómo se desarrolla" la misma y lanza esta advertencia: si pierden la representación con voz y voto que tienen en estos momentos podrían presentar otro recurso al TC.
El problema es que para seguir teniendo voz, voto y sillón habría que ampliar el órgano de gobierno no en un solo puesto para dar cabida a la popular Del Pozo, sino en otro más para que el número de miembros volvier a ser impar y así restaurar la mayoría que PSOE-C's habrían perdido de hacerse las cosas que propone IU.
