Esta vez los abogados del PP, habitualmente muy diestros en su trabajo, han llegado demasiado lejos. Tanto que han colmado la paciencia de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, que en un insólito escrito conocido este viernes acusa directamente al PP andaluz de “volver a enmarañar” la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, cuyo archivo por la juez María Núñez quebró la estrategia procesal y política de los populares, convencidos de estar ante un nuevo escándalo no menor que el de los ERE.
La Fiscalía Anticorrupción reprocha al PP que, “con la excusa de no tener copias de las grabaciones de las declaraciones” prestadas de la causa, haya pedido “un nuevo plazo para recurrir" el auto de archivo dictado el pasado 11 de octubre por Núñez Bolaños.
La recusación imaginaria
El PP-A ha desatado las iras del Ministerio Público al recurrir una providencia en la que la magistrada desestimaba suspender el plazo para recurrir el auto de archivo hasta que le fueran entregadas dichas copias. Los letrados del PP entendían que la providencia era nula porque la magistrada tenía “el deber de abstenerse de dictar cualquier resolución en la presente causa hasta que se resuelva la recusación promovida" por el propio PP.
El problema es que tal recusación no existe. Los términos de la argumentación de la Fiscalía al respecto son bastante severos: "Resulta sorprendente –dice en su escrito– que se traiga aquí y ahora a colación el deber de abstención cuando no consta que el PP haya recusado a la magistrada", sino que simplemente interpuso “un escrito confuso de 'recusación administrativa', así se llamaba". Y añade: "No nos consta" que el PP "haya presentado recusación" del artículo 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En un tono que no suele ser habitual en los escritos judiciales, la Fiscalía es contundente en sus reproches al PP: "De nuevo vuelve a enmarañar la cuestión con la petición de nuevo plazo para recurrir, y ahora con la excusa de no tener copias de las grabaciones, trayendo de nuevo a colación una recusación fuera de toda regulación legal y que se utiliza de nuevo de manera artera para mantener vivo un procedimiento sin entrar sobre el fondo del asunto".
Ánimo de confundir
No menos expeditiva se muestra Fiscalía con respecto al otro motivo de nulidad planteado por el PP-A, "la traída y llevada cuestión de la entrega de las copias de las grabaciones". El Ministerio Público sostiene que este hecho "se ha venido utilizando por el recurrente, incluso ante medios de comunicación, con la finalidad de confundir siempre los trámites procesales y el fondo del asunto".
El escrito de Anticorrupción pone en evidencia el juego sucio procesal del PP: "Realmente no se les ha denegado copias de grabación, ocurre que las que tienen, dicen ser incompletas, extremo que no ha podido comprobarse, pues se negaron en reiteradas ocasiones a la entrega a la secretaria judicial para cotejo".
También recuerda oportunamente la Fiscalía otro hecho que pone aún más en evidencia esa mala fe procesal que atribuye al PP: "Cuando se pudo someter el testimonio de los interventores a contradicción, la representación de la acusación particular no solía hacer uso de ese derecho, siendo muy escasas las preguntas que se les formulaban en ese sentido", de manera que "la valoración conjunta del sentido de las declaraciones de los interventores que realizaron los informes especiales 2009-2012, era tendente al sobreseimiento".
C’s: ya era hora
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El presidente del grupo parlamentario de Ciudadano y portavoz de la formación en Andalucía, Juan Marín, aseguraba que la Fiscalía Anticorrupción "ha tardado mucho tiempo en darse cuenta" de que el PP-A pretende "enmarañar" la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta: "Es algo que veíamos todos desde hace años".
El líder de Ciudadano criticaba también que "no se deje trabajar a la justicia". En su opinión, no se puede estar "permanentemente" en los tribunales "buscando rédito electoral".
La Junta: temeridad judicial
Mientras, el PP-A también ha solicitado a la juez María Núñez la reapertura de la pieza 'política' de los cursos de formación argumentando que la Guardia Civil mantiene precintados dos despachos en las antiguas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla que contendrían una documentación "hasta ahora desconocida" y que "podría afectar a la causa".
Desde Consejería de Empleo, Empresa y Comercio se calificaba la "inaudita petición" de “temeridad judicial y de un desesperado y malintencionado intento de judicializar la vida pública andaluza intentando criminalizar la acción del Gobierno andaluz”.
Para el departamento que dirige José Sánchez Maldonado, la petición formulada por el Partido Popular al Juzgado de Instrucción número 6 "carece de rigor por cuanto los expedientes precintados por la Guardia Civil en la sede del Servicio Andaluz de Empleo han estado a disposición de la investigación desde el minuto siguiente al precintado de dichas dependencias, por lo que es falso que dicha documentación sea 'desconocida', como afirma el PP".
