Es posible que la mayoría de ciudadanos tenga tan sólo una idea vaga de lo que es y lo que representa el Tribunal Constitucional. Tal vez a mucha gente el nombre le evoque esa nebulosa difusa en la pululan tantos órganos estatales de competencias inciertas. Sin embargo, basta detenerse un instante a reflexionar para entender que jurídicamente es la más alta institución del Estado: la que en caso de disputa tiene siempre la última palabra en todo. La auténtica clave de bóveda del sistema.

En efecto, aunque se diga que la Constitución es la norma suprema, que regula el funcionamiento de nuestra sociedad, lo cierto es que la Constitución sólo dice lo que el Tribunal Constitucional quiere que diga. Por definición la Constitución deja multitud de cuestiones abiertas. La Constitución no aclara si el aborto atenta contra el derecho a la vida, tampoco si el matrimonio del hombre y la mujer puede ser entre sí. Ni aclara siquiera hasta dónde pueden llegar las competencias de las comunidades autónomas. Todo eso y mucho más no lo dice la Constitución, sino el Tribunal Constitucional. Él es el encargado de aclarar lo que los constituyentes dejaron en ambigüedad y él es, en definitiva, el que define en qué modelo de Estado vivimos.

Por eso el Tribunal Constitucional es más trascendente que ninguna otra institución. Y por eso también, en un país donde conviven maneras diferentes de ver las cosas, debe ser más conciliador y más neutral que ninguna otra. Ese espacio lo ganó en los primeros años el Tribunal a base de asentarse en los derechos fundamentales. Encontró su auténtico papel actuando como guardián de los derechos y protector de los ciudadanos frente al poder, y se convirtió en el freno de los excesos de los poderosos. Pero de eso hace ya mucho tiempo.

Ahora parece mentira que gran parte de la imagen emancipadora y garantista que tuvo durante muchos años la Constitución de 1978 fuera gracias al Tribunal Constitucional. Durante un par de décadas la Constitución eran de los derechos que, con ayuda del TC, le arrojábamos a la cara a las instituciones más retrógradas. Hoy resulta imposible evocar aquel Tribunal en el que los ciudadanos españoles depositaban su confianza ante los abusos de unas instituciones imbuidas aún de modos autoritarios. Básicamente porque hoy se han vuelto las tornas; años de politización y de cuidadosa selección de los jueces más dóciles, menos preparados y, sobre todo, menos constitucionalistas posibles han llevado a Hoy tenemos un TC que, en esencia, es el mayor enemigo de aquella Constituciónun Tribunal que, en esencia, es el mayor enemigo de aquella Constitución.

Hoy el Tribunal Constitucional es el principal obstáculo para la libertad de expresión, reprimiendo cualquier opinión malsonante, minoritaria o políticamente incorrecta. Ha tolerado el uso de la tortura hasta el punto de que en los últimos seis años ha habido ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por este tema. Fue el detonante de la explosión independentista catalana con una Sentencia que anulaba una reforma estatutaria perfectamente lógica y en línea con las normas de los países federales europeos. Y podríamos seguir.

Una ojeada rápida a la última tanda de Sentencias del Tribunal Constitucional publicada en el BOE muestra: una sentencia que rechaza que una asociación de defensa de los derechos humanos pueda interponer un habeas corpus por la detención ilegal de 250 inmigrantes durante ocho días sin intervención judicial. Un Auto que dedica 22 páginas del BOE a justificar que el recurso interpuesto por un preso no tiene importancia suficiente para entrar siquiera a examinarlo. De seis sentencias en conflictos entre el Estado y las comunidades o ayuntamientos en cinco le da la razón al Estado central, incluso para anular las normas catalanas contra el acoso sexual en materias en la que no hay normas estatales. El único caso en el que le da la razón a una comunidad autónoma en la Ley valenciana que cerraba la televisión autonómica y que 'casualmente' fue impugnada por el PSOE. Una semana antes también le había dado la razón a la Comunidad de Madrid frente al primer recurso interpuesto nunca por Podemos, contra la ley que permitía aumentar las alturas a construir en las gradnes operaciones urbanísticas del PP en la capital.

Son sólo ejemplos, y podrían ser discutibles si no fuera porque la tendencia es clara: siempre con el Estado central. Siempre por la menor eficacia posible de los derechos fundamentales. Siempre contra el poder y contra los ciudadanos. Se ha convertido en un tribunal leguleyo que a diario va convirtiendo la Constitución en una norma retrógrada, concebida para impedir cualquier disidencia o alternativa al auténtico poder material. 

Es ya un tribunal leguleyo que va convirtiendo la Constitución en una norma retrógrada   

La guinda la ha puesto estos días, al declarar plenamente constitucional la reforma que atribuye al propio Tribunal competencias quasi-policiales para vigilar y exigir el cumplimiento de sus Sentencias. A partir de ahora el Tribunal Constitucional podrá decidir, por iniciativa propia, si alguna autoridad lo desobedece e incluso acordar medidas coercitivas contra ella. El objetivo declarado es que sea el propio Tribunal el que multe o incluso suspenda de sus cargos a los políticos catalanes o “populistas” que no obedezcan sus sentencias.  Como si fuera un Tribunal sancionador, penal o administrativo, cualquiera y –sobre todo- salvándole la cara al Gobierno.

Todos estos despropósitos no parecen improvisados. Más bien responden a una estrategia bien planificada para cerrar la Constitución en su interpretación más conservadora y usarla como barricada contra quienes pongan en duda cualquiera de los axiomas de quienes de verdad dirigen el país.

Está por ver la eficacia de esta estrategia. Si le siguen atizando a la gente con la Constitución y siguen usando al Tribunal Constitucional como cabeza de puente contra la tolerancia y el pluralismo no van a cosechar apoyos al régimen, precisamente. Este creciente autoritarismo no puede durar siempre y cuando estalle, visto lo visto, no sería raro que las primeras víctimas fueran el Tribunal Inconstitucional y su Constitución.