El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), que ha sido citado a declarar como investigado por un juzgado de Sevilla en una causa abierta por adjudicar contratos a particulares, ha desvinculado este caso de la corrupción y ha dicho que no cree que esté "en riesgo" la estabilidad del gobierno local. El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha citado como investigados a diez exdelegados de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011, entre ellos Francisco Cuenca, que entonces ocupaba ese cargo.
El regidor, que ha comparecido este martes en rueda de prensa, ha asegurado que la investigación judicial abierta se refiere a una cuestión administrativa y ha dejado clara su "total tranquilidad" y colaboración con la justicia.
El PP pide su dimisión
El PP se ha apresurado a pedir su dimisión. No así el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, que esperará al informe de los servicios jurídicos de su partido, aliado de Cuenca, para determinar el alcance de la investigación judicial y ha recordado que con el anterior regidor, el 'popular' José Torres Hurtado, "tuvimos muchísima paciencia, toda la que el PP no tiene" en este caso. Si hay corrupción política, "le pediremos que haya una dimisión inmediata", pero no será así si lo investigado puede deberse a "un simple error administrativo".
Cuenca, que accedió a la alcaldía de Granadadespués de que el anterior regidor José Torres Hurtado (PP) fuera detenido en el marco de una operación contra la corrupción urbanística, ha pedido "rigor y seriedad" al resto de grupos municipales para que no se confunda ni se ponga "en tela de juicio" su gestión.
El alcalde de Granada ha reducido la causa a una "cuestión administrativa" que además está "generalizada" en todas las delegaciones de la Consejería de Innovación. Ha reiterado que no tiene ninguna vinculación ni con corrupción ni con los cursos de formación que ya se han archivado "ni con nada raro" y ha mostrado su total disposición a dar las explicaciones necesarias al resto de grupos con representación municipal y a cualquier granadino para defender su honradez.
Ha precisado que la causa no está relacionada con los cursos de formación después de que Ciudadanos haya explicado en un comunicado que pediría la dimisión de Cuenca "si esta imputación está directamente relacionada" con la investigación ya archivada. Cuenca ha recordado que declarará el 12 de diciembre por su gestión como delegado de Innovación y por la adjudicación de un contrato cuyas circunstancias no recuerda, aunque ha dicho que los investigados atendieron a una instrucción de la Dirección General.
Poco rigor
El regidor ha reconocido que su citación la toma con "rabia y con enfado" porque provoca que deje de hablarse de temas relevantes de la ciudad y con "tristeza y desazón", pese a lo que ha subrayado su "tranquilidad, porque no estoy inmerso en una causa de corrupción". "No tengo ningún problema en dar explicaciones en un pleno o donde se estime", ha adelantado Cuenca, que trasladará su disposición al resto de partidos, pero que ha recriminado a la portavoz municipal del PP, Rocío Díaz, que exigiera ayer su dimisión al considerar la petición "poco rigurosa".
Ha recalcado además que entendería que se dude de la gestión del equipo de gobierno ni que su citación facilitara la vuelta del PP, "de un partido que ha despreciado a los granadinos" por lo que ha pedido "que nadie haga comparaciones". "Si alguien permitiera entrar a una formación manchada, porque al Ayuntamiento entró la Udef, no sería explicable", ha sentenciado Cuenca en alusión a la detención de su antecesor.
La causa
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha citado como investigado el 12 de diciembre al alcalde de Granada al entender que como delegado de Economía e Innovación de la Junta en Granada "habría efectuado la ilícita contratación" de los servicios de seguimiento, control y verificación de la ejecución de los Cursos de Formación Profesional para la Economía Social en esta provincia durante los ejercicios 2010 y 2011, todo ello "de forma injusta y arbitraria".
En el auto, el magistrado relata que en estos ejercicios se llevó a cabo la adjudicación directa de los servicios a través de dos instrumentos calificados como 'Memoria Justificativa', "articulados como un contrato menor de servicios, y en los que no se distingue a qué cursos deben destinarse los servicios contratados, sin que conste como tal el contrato administrativo, concertándose ambos de manera fraccionada y consecutiva".
Según precisa, el contrato menor correspondiente al ejercicio 2010 tendría un valor económico de 12.412 euros (IVA incluido) y el de 2011 de 12.000 euros (IVA incluido), "atribuyéndose así la detentación de funciones públicas a las empresas contratistas 'Eca Grupo Bureau Veritas' (2010) y 'CRL Consultores y Asesores Asociados, S.C.A.' (2011) de forma injusta y arbitraria".
A juicio del juez, esta "detentación" se habría materializado en el empleo de documentación administrativa "consistente en modelos de Actas e Informes oficiales, posteriormente presentados ante la Administración por las entidades contratistas en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas".
