La Junta de Andalucía ha acusado por primera vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE por la ayuda de 3,2 millones de euros concedida en el 2003 a la empresa Aceitunas y Conservas, y pide que le imponga una pena de seis años y medio de prisión y una multa de 817.180 euros.
Es la primera vez en que, dentro del caso ERE, la Junta solicita una pena de prisión o inhabilitación para algún ex alto cargo de la propia Administración autonómica, pues cabe recordar que la semana pasada pidió el archivo de la pieza del procedimiento específico, en la que hay encausados un total de 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Pieza a pieza
La petición de cárcel del Gabinete Jurídico a ex altos cargos de Empleo es coherente con la tesis mantenida en el recurso donde se pedía este archivo: en el mismo se sostenía que el fraude se habría producido específicamente en la Consejería de Empleo, órgano gestor de las ayudas, las cuales había que examinar una por una para comprobar cuántas de ellas y en qué condiciones se otorgaron de manera fraudulenta. Precisamente en otra de las piezas investigadas, la relativa a la empresa jiennense Azucareras Reunidas, la Fiscalía no encontró irregularidades y la semana pasada fue archivada por la juez María Núñez.
Tras ser procesado Antonio Fernández por el juez de instrucción Álvaro Martín en esta pieza de los ERE, los abogados de la Junta han pedido que se abra juicio oral contra el exconsejero así como contra los ex directores generales de Empleo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y otros seis acusados más.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los abogados de la Junta consideran que Fernández cometió, en la concesión de esta ayuda, los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, por los que solicita que se le imponga seis años y medio de prisión, 30 años de inhabilitación y una multa de 817.180,37 euros.
De igual modo, la Junta acusa a otras ocho personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, para el que pide cinco años de prisión y 15 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, y seis meses de cárcel, multa de 707.560,37 euros y tres años de inhabilitación por tráfico de influencias. También acusa al ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación y malversación.
Los otros acusados
El resto de acusados son la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, para la que pide tres años y nueve meses de prisión; el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya, y un segundo letrado, que se enfrentan a tres años de cárcel; un 'intruso', para el que pide dos años de prisión; y dos extrabajadores de Vitalia para los que solicita tres años de cárcel. La Junta pide que los acusados, además, indemnicen a la Administración autonómica de manera solidaria con un total de 612.884 euros.
La Junta exculpa en la pieza separada de Acyco al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al ex director general del antiguo IFA Miguel Ángel Serrano, al considerar que "no son autores" de los delitos referidos.
Los abogados del Gabinete Jurídico de la Junta relatan que fue el 3 de julio de 2003 cuando el representante legal de Acyco presentó ante la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla una solicitud de ERE para la extinción de la relación laboral de 35 trabajadores, tras lo que el delegado provincial del ramo dictó una resolución el 23 de julio de ese año autorizando a la empresa la extinción de esos 35 contratos laborales.
El 26 de julio de 2003, "y con el conocimiento" de Antonio Fernández y del abogado de Acyco, Guerrero firmó un protocolo de colaboración con Encarnación Poto para la concesión de ayudas a la prejubilación de los trabajadores despedidos, existiendo en ese protocolo un anexo donde "aparecen como beneficiarios de la ayuda un total de 36 personas", entre ellas dos 'intrusos' "que nunca han trabajado en Acyco", uno de ellos ya fallecido.
Intrusos de la Sierra Norte
"Ambas personas son naturales de la Sierra Norte de Sevilla y la única causa que determina su inclusión en el anexo de dicho protocolo es su relación personal con Guerrero", asevera la Junta, que indica que el total de las ayudas comprometidas en el citado protocolo asciende a 2,8 millones de euros (2,9 millones de coste aplazado). Además, el coste para la Junta de la póliza de los dos 'intrusos' asciende a 104.885 y 120.201 euros, respectivamente.
La Junta añade que, "a pesar de lo anterior", en el anexo de la póliza de prejubilación aparecía Encarnación Poto con un coste de prima al contado de 261.046 euros, "satisfechos por la Junta", y ello "a pesar de que la citada continuó trabajando para Acyco y, en consecuencia, percibiendo retribuciones de la empresa". "El coste de la prima al contado de la póliza, así, se dispara hasta un importe de 3,1 millones (3,2 millones de coste aplazado", señalan los letrados de la Junta.
"De estos hechos serían plenamente conscientes" Antonio Fernández y Francisco Javier Guerrero, asevera la Junta, que indica que el coste actuarial de la citada póliza se realizó por dos extrabajadores de Vitalia también acusados, los cuales "conocían la circunstancia de que había dos personas incluidas como beneficiarios que nunca habían trabajado en la empresa y una tercera que continuaba trabajando en la empresa".
