La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas  por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Inhabilitar también a Rigau y Ortega
En su escrito de calificación, presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía acusa a Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, para quienes pide nueve años de inhabilitación, de los delitos de desobediencia grave y de prevaricación. En el caso de Mas como autor y en el de las exconselleras de Gobernación y Enseñanza como cooperadoras necesarias.

En principio, el ministerio público pide penas de diez y nueve años de inhabilitación para los encausados para ejercer cargos públicos electivos, de ámbito local, autonómico o estatal, por ambos delitos de desobediencia y prevaricación en concurso.Para el caso de que el TSJC decida condenar a los procesados por esos dos delitos por separado, la Fiscalía propone como alternativa una pena de nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas y, para Ortega y Rigau, multa de 30.000 euros y ocho años de inhabilitación.

La opinión del TSJC
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras la instrucción del caso, ciñó los hechos imputables a Mas, Ortega y Rigau a los delitos de prevaricación y desobediencia, que no llevan aparejada penas de prisión, y descartó el de malversación, que inicialmente proponía la Fiscalía en su querella y que sí está castigado con cárcel.

La Fiscalía subraya la desobediencia al Constitucional
En su escrito de acusación, los fiscales sostienen que los encausados articularon "una estrategia de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo "plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento" de las órdenes del Constitucional.

En opinión del ministerio público, Mas, "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad", se puso de acuerdo con las otras dos acusadas para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación del 9N" que ya estaban en marcha.