Tres miembros de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, críticos con Pedro Sánchez, han registrado un escrito en el que dan 24 horas para que se reúna este órgano con el fin de emitir un informe sobre si la Ejecutiva ha quedado disuelta tras la dimisión de 17 de sus miembros.
En la solicitud, al que ha tenido acceso EFE, se advierte de que si no se convoca a la comisión en ese plazo, redactarán un dictamen dando su opinión "fundada en Derecho" sobre la disolución de la dirección y si es preciso nombrar a una gestora.
Los tres miembros de la comisión que firman el texto son María Jesús Montero, Inés Ayala y Wilfredo Jurado, que han tomado esta medida después de que la presidenta del órgano, Isabel Celáa, afín a Sánchez, haya rechazado convocar una reunión.
Este es el texto íntegro:
Ante la Presidenta del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, comparecemos y exponemos:
1º.- Que la Comisión Federal de Etica y Garantías está configurada como un órgano llamado a ejercer sus funciones con libertad, autoridad e independencia (artículo 51.3º de los Estatutos del Partido.
2º.- Entre sus competencias y de manera expresa se indica en el articulo 52 de los Estatutos del Partido: “Informar al Comité Federal de los litigios surgidos entre militantes, entre militantes y órganos del partido, y entre órganos del partido entre sí.”.
3º.- El artículo 1 del Reglamento del Comité Federal de Etica y Garantias indica: “La Comisión Federal de Ética y Garantías es el órgano de ámbito federal encargado en última instancia de garantizar los derechos de los afiliados y afiliadas y de que las actuaciones de los órganos de dirección del Partido y de los afiliados y afiliadas se ajustan a los Estatutos y Reglamentos del PSOE, así como al Código Ético” ,
4º.- El articulo 5.2 del Reglamento del Comité Federal establece que los miembros del Comité Federal:
“(…) Pueden solicitar, para mejor cumplimiento de su trabajo, información escrita y concreta de cualquier órgano, servicio o departamento del Partido. (…)”.
5º.- En el día de ayer conocimos gravísimos acontecimientos expresados públicamente por diferentes militantes con altas responsabilidades en nuestra organización. Igualmente se pusieron de manifiesto dudas sobre la interpretación de los Estatutos y normas de nuestro Partido, cuestión ésta que genera obviamente una gran alarma entre la militancia y en la opinión pública que afecta gravemente al funcionamiento ordinario del Partido y a su imagen pública. Es por lo anterior que los firmantes del presente escrito se dirigieron a la Presidenta de la Comisión Federal de Etica y Garantías a fin de que ésta procediera a la convocatoria urgente de sesión extraordinaria de la Comisión a fin de dirimir sobre estos aspectos y en su caso, emitir tal como dispone el artículo 3 (ii) del Reglamento de la Comisión Federal de Etica y Garantías, circunstancia que hasta el momento no se ha producido.
6º.- A lo anterior se une la petición formal registrada por la Presidenta del Comité Federal en el día de hoy quién precisamente solicita de la Comisión Federal de Etica y Garantía pronunciamiento sobre los mismos aspectos señalados en el punto anterior, petición de la que hemos tenido conocimiento .
7º.- Ante la imposibilidad de obtener respuesta por el cauce normal habilitado a tal efecto entre los miembros de la Comisión (vía email) , se ha intentado contacto telefónico en diferentes ocasiones con la Presidenta resultando los mismos infructuosos.
8º.- Hemos conocido a su vez por los medios de comunicación que la Sra. Presidenta de la Comisión Federal de Etica y Garantía se ha pronunciado en el sentido de que le corresponde a esa Presidencia la efectividad de la convocatoria, sin que siquiera haya expresado su voluntad de hacerlo con la urgencia que merece la situación y en todo caso, antes de las reuniones convocadas para el próximo sábado 1 de octubre, reuniones que precisamente han provocado la controversia jurídica sobre la que se nos ha solicitado pronunciamiento entre otras.
Habida cuenta todo lo anterior, y agotados todos los medios posibles y razonables para cumplir con nuestras obligaciones, los firmantes del presente escrito, miembros de la Comisión Federal de Etica y Garantías nos vemos impedidos como miembros de la citada Comisión para ejercitar nuestras obligaciones expresamente previstas en los Estatutos de nuestro Partido.
Es por lo que, SOLICITAMOS A LA SRA. PRESIDENTA DE LA COMISION FEDERAL DE ETICA Y GARANTIAS,
PRIMERO.- La convocatoria en un plazo no superior a 24 horas desde el registro de la presente, de sesión extraordinaria, habida cuenta la situación antes descrita, de la Comisión Federal de Etica y Garantías, al objeto de resolver como proceda sobre las peticiones evacuadas a este Organo por parte de la Presidenta del Comité Federal.
SEGUNDO.- Para el caso de que ésta no se produzca y en el ejercicio de nuestras obligaciones ineludibles que nos señala nuestros Estatutos, procederemos a la emisión de opinión fundada en Derecho, acerca de las cuestiones planteadas por la Presidenta del Comité Federal, sin perjuicio de la ratificación en su caso de la Comisión Federal de Etica y Garantías cuando ésta sea formalmente convocada.
La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE es la encargada de que las actuaciones de los órganos de dirección del partido se ajusten a los estatutos y ejerce su labor con autonomía, si bien también podría verse afectada por la fuerte división que vive el partido.
Los críticos que pretenden derrocar a Pedro Sánchez como secretario general han pedido que se reúna la comisión para que emita un informe sobre la situación creada por la dimisión de 17 miembros de la dirección, aclare si ésta queda formalmente disuelta y acuerde crear una gestora que tome las riendas del partido.
No obstante, la ejecutiva que permanece del lado de Sánchez no tiene en mente solicitar que se reúna la Comisión de Ética y Garantías, al alegar que la disputa por el control del partido debe abordarse en el Comité Federal y, posteriormente, en un congreso extraordinario.
La comisión está integrada por cinco personas, que fueron designadas en el último congreso federal celebrado en julio de 2014, cuando Sánchez tomó las riendas del PSOE.
La presidencia del órgano, que es la que convoca las reuniones, recae en Isabel Celáa, exconsejera vasca y exparlamentaria autonómica del PSE, que apoya en bloque a Sánchez.
La comisión cuenta con tres vocalías, ocupadas por personas del entorno del sector crítico:
María Jesús Montero es la actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Inés Ayala es europarlamentaria desde 2004 y pertenece a la federación de Aragón, otro de los territorios que apoyan casi sin fisuras la rebelión contra el secretario general.
El tercer vocal es Wilfredo Jurado, abogado del exsecretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez, uno de los principales detractores de Sánchez.
Completa el grupo, como secretario, Félix Bolaños, a quien se sitúa en el entorno de los partidarios del secretario general.
Bolaños es letrado del Banco de España y miembro del Comité Regional del PSOE madrileño, quien fue de número 25 en la lista por Madrid al Congreso en las elecciones del pasado 20 de diciembre.
La Comisión de Ética y Garantías, que adopta sus acuerdos por mayoría, ejerce su tarea con "autonomía y bajo los principios de respeto al partido, a sus estatutos y reglamentos" y su independencia "la garantiza el Comité Federal".
Entre sus funciones, están la de interpretar los estatutos y emitir dictámenes no vinculantes a solicitud de los diversos órganos colegiados del partido, como los críticos recuerdan en su escrito de renuncia a seguir en la Ejecutiva.
La comisión también informa al Comité Federal de los litigios surgidos entre los órganos del partido entre sí y con los militantes.
Podrá, de oficio o a petición de una instancia del partido, "iniciar y proseguir cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones que no se ajusten a la normativa vigente".
Cualquier militante y colectivo que "invoque un interés legítimo" podrá dirigirse a ella "sin restricción alguna".
La convocatoria de la comisión, que delibera de forma secreta, tiene que hacerse con al menos tres de días de antelación, si bien el plazo puede acortarse cuando existan "razones justificadas que requieran una reunión urgente.
