La propiedad del popular dibujo animado Pocoyó ha acabado en los tribunales. El anterior accionista mayoritario y fundador de la productora Zinkia, José María Castillejo, denunció ante la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) al nuevo accionista mayoritario, el mexicano Miguel Fernando Valladares hace dos meses, y los agentes dieron traslado de la denuncia a la Justicia a finales de agosto. Castillejo acusa a Valladares de aumentar su paquete accionarial en Zinkia desde un inicial 6,5% hasta conseguir la mayoría valiéndose de hechos constitutivos de estafa, falsedad documental, abuso de mercado, falseamiento de información, apropiación indebida, injurias, calumnias, administración desleal y organización criminal.

Enrevesado periplo judicial

El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar, en condición de "investigado", la nueva denominación del imputado de antaño, el próximo 6 de octubre a Miguel Fernando valladares.

Antes de esta denuncia, el creador de Pocoyó denunció a la titular Juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid por parcialidad en el concurso de acreedores de la compañía, e incluso de mantener una relación íntima con el procurador representante de su adversario mexicano.

La magistrada fue apartada y siguió adelante con el proceso su compañera de Mercantil 11, aunque Castillejo Oriol, dos veces grande de España, denunció también a la secretaria judicial. Según Castillejo, tal y como reza en la denuncia, Valladares realizó contra él una campaña de difamación para obstaculizar la refinanciación de Zinkia, y alteró electrónicamente una subasta en la que se adjudicaron 8.259.800 acciones concertadamente con "la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 10". En dicha operación, según él, "no se respetaron los plazos establecidos por la ley", y además se sacaron a subasta unas acciones que no se correspondían con su número de identificación en los mercados financieros. Asimismo, sostiene Castillejo que Mercantil 10 valoró las acciones 22 veces menos que la mayor consultora a nivel mundial de valoración de marcas, Duff & Phelps, favoreciendo así, asegura, a Valladares. Tras esto, la letrada del juzgado emitió un decreto de adjudicación falso según el denunciante, con el consiguiente cambio de titularidad realizado por Bankinter de manera también irregular, siempre según la versión de Castillejo.