Este lunes se cierra una parte del importante proceso abierto por la asociación de consumidores Adicae por las preferentes de Caja Madrid. Mañana, los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla acogerán la última vista de la macrodemanda que aglutina a 2.143 pequeños inversores. En audiencia pública, las partes presentarán de forma oral su informe definitivo de conclusiones ante el titular del juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, Teodoro Ladrón, y el resto de los asistentes, momento tras el cual se espera que el procedimiento, iniciado en 2013, quede visto para sentencia.
Durante la vista previa, celebrada a mediados de julio, el letrado de la agrupación, Antonio Castro, solicitó la nulidad por abusivas de las condiciones generales que regían la contratación de este producto híbrido al estimar que "fueron impuestas a todos los clientes que no tuvieron opción de leerlas". 
Tales acusaciones fueron rebatidas por el representante legal de Caja Madrid y Bankia, heredera legal de la caja, que lamentó que la demanda fuera una "suerte de causa general contra la comercialización de preferentes que busca la devolución indiscriminada de todo lo invertido". En este sentido, incidió que ya no existe ningún riesgo para el consumidor desde abril de 2013, cuando el FROB acordó la amortización de estas participaciones.
La conclusión del procedimiento llega pocos días después de conocerse que el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia anuló en julio una venta de participaciones preferentes de Caja Insular de Ahorros de Canarias, actualmente integrada en Bankia, fruto de una demanda colectiva presentada por Adicae.
Según esta asociación, dicha sentencia anticipa "el posible resultado" de la vista de mañana. Mientras los 2.143 afectados esperan una solución "justa, colectiva e inmediata", fuentes de Bankia cifran en más de 160.000 los clientes que han recuperado el dinero que invirtieron en preferentes y deuda subordinada de alguna de las cajas de ahorros ahora integradas en la entidad.
La mayor parte de los reintegros, 137.000, han sido efectuados por medio del sistema de arbitraje puesto en marcha en 2013, mientras que las 23.000 devoluciones restantes corresponden a casos que ganaron los consumidores en la vía judicial.