Después del revuelo provocado por la decisión de Tribunal Supremo de investigar a Rita Barberá por su posible participación en el blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal del PP de Valencia parecía lógico que el partido exigiera por fin responsabilidades políticas a su senadora, quien al final se quedó en un camino intermedio al darse de baja en la formación pero manteniendo el escaño. El hecho de que desde hace meses se supiera que este paso judicial se iba a producir y al PP le pasara factura en su crédito el no hacer nada, así como que Mariano Rajoy no quiere asumir ese coste electoral ni cerrar puertas con posibles socios de cara a nuevos intentos de investiduras, llevó a aumentar las presiones contra Barberá.

El lío del Código Ético 

Y es que con todos los problemas judiciales que atenazan al PP de un lugar a otro de la geografía española resulta difícil saber cuando el partido exige responsabilidades a los suyos, como hizo a última hora con la ya exmilitante Barberá, y cuando no. El Código Ético de la formación sería en principio la hoja de ruta a seguir, pero es calculadamente ambiguo y solo exige a los miembros del PP "el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública". ¿Cuándo llega ese momento procesal y cuál es el nivel de daño que tolera el partido para que el Comité Nacional de Derechos y Garantías sea convocado? Desde la dirección del partido siempre han justificado la no expulsión del partido de miembros investigados (lo que antes se conocía como imputados) o procesados apuntando que el momento de tomar medidas es el de la apertura del juicio oral. Pero en el caso de Rita todavía no se ha llegado a ese momento proceso.

Las diferencias entre Carmen y Rita

Sin embargo, el PP mantiene como si tal cosa en su puesto a su tesorera, Carmen Navarro, a pesar de que está procesada en la causa del borrado y destrucción de los discos duros que Luis Bárcenas tenía en Génova 13 -material que era susceptible de contener más pruebas sobre el dinero negro que se movía en el partido-. Navarro está procesada junto al asesor jurídico del partido, Alberto Durán, y el director de sistema de información, José Manuel Moreno, así como al propio PP como formación. Desde el 26 de julio a todos ellos les imputa los delitos de daños informáticos y el de encubrimiento. Navarro está así en la antesala del juicio oral, en una situación procesal más avanzada que Barberá, pero desde ese 26 de julio el partido no mueve un dedo para exigir responsabilidades, al contrario, ha recusado a la magistrada que lleva el caso. A los 'socios' de Ciudadanos tampoco parece importarles que una procesada por encubrimiento esté al frente de las cuentas del partido gobernante, cuentas por cierto que se nutren en un 90% de subvenciones públicas. 

Existen dos grandes diferencias entre el caso de Barberá y el de Navarro. La primera en principio juega en contra de la tesorera, y es que al contrario que la senadora su cargo sí depende directamente del partido, es decir, que pueden echarla cuando quieran. Pero la otras diferencia pesa más: el caso en el que está implicada Navarro salpica directamente a la dirección del PP nacional, el propio partido está procesado por ello. Exigir responsabilidades a la tesorera sería complicado sin exigírselas a Rajoy como presidente y máximo responsable del PP.