El juez José Castro ha dado por concluida la investigación referente al palacete del expresident Balear Jaume Matas (PP) y ha emitido un auto este jueves que supone el primer paso para sentarle en el banquillo. En este fleco, correspondiente al caso Palma Arena, se le acusa de blanqueo de capitales.
La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación hace ya siete años, en 2009, tras detectar irregularidades en la compra-venta del palacete. Y es que, el exdirigente popular pagó 950.000 euros por el inmueble, cuando éste estaba tasado en 2,4 millones, según la Agencia Tributaria.
Junto a Matas, se sentarán en el banquillo su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP balear, Fernando Areal, el exconseller y presunto testaferro del expresident Bartolomé Reus y otros cuatro investigados más: el aparejador, el decorador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos y la exsecretaria de Obrador. Todos ellos están relacionados con la reforma del palacete. Y es que, se estima que además de los 2,4 millones de euros se habría producido un pago de 1.3 en calidad de rehabilitación del palacete.
En la misma investigación se añade la compra y reforma de un piso en Madrid, y unos gastos relacionados con propiedades en la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.
No es la única pieza
La pieza número 24, la del palacete, no ha sido la única que el magistrado del juzgado de Instrucción ha concluido en relación al caso Palma Arena. Recordemos que tiene abiertas más de una veintena de pesquisas. Castro ha dado por concluidas las siguientes piezas:
-16: Fraccionamiento de contratos por parte del Govern.
-17: Centrada en el presunto cobro de comisiones en contrataciones vinculadas al velódromo palmesano.
-19: Construcción de la pista del Palma Arena.
-27: Presuntos contratos amañados en favor de Over Marketing
Otra causa: el Mundial de Ciclismo en Pista 2007
El instructor también ha puesto fin a las pesquisas que pivotan en torno al convenio para el patrocinio del Mundial de Ciclismo en Pista 2007, una causa paralela a la anterior, que le costó al Govern 350.000 euros. En esta ocasión, Jaume Matas se encuentra encausado por fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad de documentos oficiales.
