Si finalmente el titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007, según declaración en sede judicial del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, decide seguir adelante y pedir, junto a la Fiscalía, al Tribunal Supremo que abra causa contra la todavía secretaria general “popular”, entonces, la diputada nacional por Toledo tendría que abandonar su escaño, siempre y cuando el comité ejecutivo de la formación que preside Mariano Rajoy aprueba en su reunión del próximo miércoles, 17 de agosto, las exigencias realizadas por Ciudadanos para dar un “Sí” a su investidura, y que pasa necesariamente por la expulsión de todos los políticos imputados o investigados, aunque luego sean absueltos.
“Causa compleja”
Decimos todo esto porque, hoy por hoy, Cospedal y su secretario general en Castilla- La Mancha y actual vicepresidente segundo de las Cortes autonómicas, Vicente Tirado, están más cerca de ser imputados en el caso separado de la trama Gürtel que inició el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre la supuesta mordida denunciada por Bárcenas, y que con silencio sepulcral continúa el juez instructor toledano Rodríguez Ruiz, quien el pasado 11 de mayo dictó un auto, dado a conocer por ELPLURAL.COM, declarando “causa compleja” este asunto y prorrogando la investigación 18 meses (hasta noviembre de 2017). Es decir, el magistrado ha echado mano de esta opción que le proporciona un plazo mayor, y lo ha hecho porque ha encontrado en la causa razones recogidas en el apartado 2 del precepto que describe cuando cabe hablar de “complejidad” de la instrucción, evitando de esta forma el archivo de la investigación y abriendo nuevos canales e interrogatorios que comenzarán el próximo 5 de septiembre y que se prorrogarán como mínimo hasta el 11 de octubre, según la providencia a la que ha tenido acceso este periódico.
¿Qué votará Cospedal y Tirado?
Pero una cosa es perder la condición de aforado, que tiene Vicente Tirado y María Dolores Cospedal, como así lo exige Ciudadanos argumentando que “todos somos iguales ante la ley”, y otra distinta que ese aforamiento se viera reducido; no eliminado en su totalidad, y, por lo tanto, no afectara a Cospedal, aunque sí a su hombre de confianza en Castilla-La Mancha (la primera es diputada nacional y el segundo diputado regional, diferente estatus político, por lo tanto). El caso es que los dos tendrán que votar el día 17 en el transcurso de la reunión del comité ejecutivo del partido, al que ambos pertenecen, sobre la exigencia de Rivera de eliminar los aforamientos, aunque algunos de ellos requiera, incluso, la reforma constitucional, entre otros requisitos puestos sobre la mesa por el partido naranja para investir con sus votos a Rajoy.
Entre altos tribunales anda la cosa
Y es que una cosa es tener un escaño en la Carrera de San Jerónimo, como Cospedal, y otra ser diputado regional en el antiguo Convento de Gilitos (sede toledana del Parlamento castellano-manchego), como Vicente Tirado. De ahí que en una hipotética imputación de ambos, una causa sería investigada por el Tribunal Supremo y la otra por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aunque según fuentes jurídicas el Alto Tribunal podría llevar todo el caso. Eso sí, tanto Cospedal como su hombre de confianza mantienen buenas relaciones con determinados magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Comisión de investigación, sí o sí
De lo que no se escapará Cospedal (a no ser que haya terceras elecciones), es de pasar por la comisión de investigación parlamentaria que el PSOE ha registrado ya en la Cámara Baja y que C’s contempla en sus “seis mandamientos”, como es la indagación política sobre la presunta financiación ilegal del PP, o si se quiere, sobre la trama corrupta Gürtel en la que están implicados exdiputados, expresidentes autonómicos, exalcaldes y “ex” de toda índole del partido de la gaviota que hoy tiene abiertas numerosas causas en los tribunales donde, además, se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Será la primera vez en la historia democrática que un partido político lo haga bajo esta figura jurídica.
¿Qué ocurrirá con el gerente imputado de Cospedal?
Sea como fuere, no deja de llamar la atención que Albert Rivera exija la expulsión de la política de todos los imputados, y luego esté dispuesto a apoyar a un Gobierno sustentando por una formación política que como decimos está procesada en su conjunto y dirigida por el candidato (Rajoy) que los naranjas quieren hacer presidente del Ejecutivo. Al margen de esta palpable contradicción, hay que preguntarse igualmente si Ciudadanos pedirá también mano dura con el gerente regional del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, imputado en la causa de la supuesta mordida de los 200.000 euros y autor del recibí aportado por Bárcenas que demostraría la recepción del dinero que el firmante ha negado, y que al día de hoy continúa administrando los dineros (la gran mayoría procedentes de las arcas públicas) del partido de Cospedal en tierras de Don Quijote.
