La acusación es de “delito de daños informáticos” y de “encubrimiento” por la destrucción de los discos duros de los dos ordenadores que habían pertenecido a Luis Bárcenas y que le fueron retirados tras su procesamiento. El PP, según la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, ha cometido esos delitos y para ello ha utilizado la complicidad de su actual tesorera y gerente, Carmen Navarro; del asesor jurídico, Alberto Durán, y del director de Informática, José Manuel Moreno, por lo que también los procesa a ellos.
Los ordenadores, un Toshiba y un Apple, según Bárcenas contenían toda la información sobre la financiación paralela del PP, incluido el blanqueo de dinero a través de bancos, así como diversa información sobre los donantes y los detalles del pago a líderes del partido y dinero desviado a las campañas electorales. También información personal de sus cuentas.
La juez, al contrario de lo que estuvo manteniendo el PP frente a la declaración de Bárcenas, considera que no hay prueba alguna que demuestre que los ordenadores estuvieran vacíos, sino que al contrario, la información que se contenía en ellos resultaba muy relevante para la investigación, lo que tenían que saber en la dirección de Génova.
Según la investigación, José Manuel Moreno, responsable informático del PP nacional habría sido quien habría borrado hasta 35 veces los discos duros, y después los rayó y los echó a la basura. Todo siguiendo las órdenes del asesor jurídico Alberto Durán.
Además, la juez considera que la actual tesorera, Carmen Navarro, que recordamos trabajó y fue recomendada para el puesto por Romay Beccaria, el actual Presidente del Consejo de Estado, y ‘padrino político’ de Rajoy, aunque no participó directamente en la operación de borrado ni en la destrucción de los ordenadores, estaba al corriente de la investigación que se llevaba a cabo por parte de la Audiencia Nacional, con lo que la considera cómplice necesaria.
