El Tribunal de Cuentas no ve delito en el caso de los cursos de formación en Andalucía, uno de los asuntos que más ha utilizado el Partido Popular como escudo sobre su propia corrupción. El órgano desestima las denuncias de la Fiscalía de Cuentas y de la Fiscalía del Tribunal Superior.

Ambas denuncias fueron hechas basándose en el informe de la Cámara de Cuentas andaluza de los años 2009 y 2010 y fue el que sirvió para todas las investigaciones abiertas.

Según el acta de liquidación del Tribunal, que todavía está pendiente de la conformidad de la consejera de cuentas del órgano, “la ausencia de memoria o de información sobre las actividades desarrolladas no implica automáticamente daño a los fondos públicos". También señala que no existe menoscabo de fondos públicos cuando ese daño es “potencial”, tal y como apuntaban los interventores de la Junta. "No hay menoscabo porque no hay daño real o efectivos a los fondos públicos", subraya el Tribunal.

El Tribunal tampoco ve perjuicio de los fondos públicos en las dos subvenciones de casi 50 millones de euros para acciones formativas que recibió la FAFFE días antes de pasar al Servicio Andaluz de Empleo. El tribunal entiende que son dos entidades públicas transfiriéndose entre sí derechos y deberes.

Tampoco ve ninguna responsabilidad contable en el expediente sobre las ayudas al grupo de empresas del que fuera número dos del PSOE en Andalucía, Rafael Velasco. Además, el Tribunal de Cuentas critica a la Cámara de Cuentas de Andalucía porque, cuando elaboró el polémico informe, hizo la vista gorda con la documentación digital que le envió la FAFFE.

El caso deja en mal lugar al Partido Popular, que controla el Tribunal de Cuentas, y pone en entredicho la actuación del Ministerio del Interior, sobre todo después de conocerse las actuaciones del ministro, Jorge Fernández Díaz, para conspirar contra los rivales políticos.

El caso de los cursos de formación se destapó apenas un año antes de las elecciones de Andalucía, a través de noticias publicadas en Libertad Digital y en El Confidencial. Desde la primera información, el gobierno de la Junta acusó a Interior de estar detrás de las filtraciones a los citados medio y de conducir una “causa general contra Andalucía”.

El propio secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, tuvo que salir a dar la cara y llegó a llamar por teléfono al consejero andaluz de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios para decirle que la UDEF llevaba trabajando desde hacía meses "con absoluta discreción y la máxima reserva". 

Desde hace un mes, el caso se ha ido desinflando poco a poco. El 6 de julio, la Fiscalía Anticorrupción apuntó que no veía ningún delito en las resoluciones de exoneración o exceptuación, ya que "no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor".

Y el 22 de junio se conoció que la jueza María Núñez Bolaños archivará la parte política que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.