El juez Alejandro Abascal, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha hecho público un auto en el que exige la entrega de documentación sobre la trama Púnica al consejero de Presidencia de la Comunidad, Ángel Garrido, y al presidente de la empresa pública Nuevo Arpegio, Jaime González de Taboada, que también es consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. O lo que es lo mismo, el número tres de Cristina Cifuentes.

El auto en cuestión, publicado el 14 de julio y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, pone en un duro brete a Cifuentes y su gobierno. No sólo porque señale a sus dos principales pilares en el Gobierno, sino porque deja en evidencia su maniobra de presentar a la Comunidad de Madrid como acusación particular en el caso Púnica, al tiempo que el Gobierno obstaculiza la investigación y debe ser amonestado por no presentar los documentos.

Pero, sobre todo, porque el auto da credibilidad a las acusaciones de David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados que cantó la traviata y señaló al amaño de contratos y adjudicaciones en la empresa pública Arpegio a través de los PRISMA (Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid).

De hecho, Marjaliza acusó al propio Taboada de llevarse comisiones con estos amaños. En concreto, señaló que las mordidas se repartían en tres lotes: uno para Taboada, otro para determinados funcionarios que habían ejecutado el chanchullo, y un último a repartir entre él y Granados, que por entones era presidente de Arpegio; puesto que ahora ocupa el propio Taboada.

El magistrado, en su auto, requiere dicha documentación a petición de la Fiscalía y “a raíz de las declaraciones iniciales de David Marjaliza” en las que “se revela el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 Consorcios Urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”.

Y no es el único cantante al que hace referencia el juez, que también se basa en “la declaración de un testigo el pasado mes de marzo, sobre la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones”. Por ello, el magistrado cree que “resulta necesario conocer las entidades físicas y jurídicas beneficiarias de este proceder”.

El juez subraya la “necesidad de avanzar en estas líneas de investigación”. Una urgencia que “hace útil y necesaria la obtención de la información solicitada”. Además, el magistrado no se anda con medias tintas y reclama de manera muy específica hasta 22 documentos concretos, entre los que destacan varios expedientes de contratos sospechosos de haber sido manipulados, así como las identidades de los trabajadores que participaron en las adjudicaciones y las instrucciones dadas por Francisco Granados.