“¿Qué habría sido de los casos arbitrarios de sanciones a causa de la Ley Mordaza si los medios de información no los hubieran hecho públicos?”. Marisu Moreno, directora adjunta de ELPLURAL.COM, lanzaba la pregunta esta mañana en los cursos de Torres organizados por la Fundación Internacional Baltasar Garzón en una ponencia que dejó en evidencia cómo la reforma de la ley aprobada en solitario por el Gobierno de Mariano Rajoy ha producido una tremenda merma en la libertad de expresión y de libertades ciudadanas.

Tras desgranar unos impresionantes datos sobre lo que ha supuesto la aplicación de la citada Ley recordó como instancias internacionales han pedido la derogación de esta norma por albergar “peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público”. Desde julio de 2015 hasta enero de 2016, según el Ministerio del Interior se impusieron 40.000 sanciones, de ellas, 6.217 fueron por faltar el respeto a las fuerzas de seguridad y 3.700 por desobediencia o resistencia a la autoridad y negativa a identificarse.

Periodistas amedrentados

“Según el PP era positivo que en la Ley de Seguridad Ciudadana hubiera sanciones administrativas en lugar de penales, algo que cuestionan expertos internacionales. Lo que antes decidía un juez, ahora lo decide la autoridad administrativa.  Es el propio Policía quien se convierte en juez y parte”, explicó.

La periodista resaltó que “el ejercicio periodístico se ha visto limitado a lo largo de este año, o cuanto menos, amedrentado. Al menos cuatro periodistas han sido sancionados por ejercer su labor”. Se refería a los casos de Asier López, Mercé Alcocer, Esther Yáñez y Miguel Ángel Valdivieso.

“Pero los periodistas no somos el eslabón más débil de la cadena”, lamenta. Hay también ciudadanos que se han visto “amedrentados de forma arbitraria por esta ley”, argumentó. Es el caso de la joven que fue expedientada por llevar un bolso con el lema ‘All cats are beautiful’ o el de una ciudadana de Petrer que denunció en Facebook la impunidad con la que la Policía Local aparcaba su vehículo en una plaza de minusválidos. Ambos expedientes se archivaron pero, en opinión de Marisu Moreno, la denuncia de los medios de comunicación fue decisiva.

“Posiblemente estos casos sean sólo la punta del iceberg”, comentó. “La libertad de prensa y el derecho a la información es vital en democracia. Leyes restrictivas como ésta suponen un atentado contra los derechos fundamentales y el ejercicio del periodismo”, concluyó.

El terrorismo, la patata caliente

De la inconstitucionalidad de la Ley Mordaza habló también en la misma mesa Gonzalo Martínez Fresneda, abogado, quien introdujo el elemento “terrorismo” como patata caliente en el momento actual que sufre la libertad de expresión. Refirió el caso de los titiriteros recordando como muchos medios buscaron el sensacionalismo y como esa información sensacionalista influyo en los jueces.

“Nadie quiere coger el toro por los cuernos de la apología del terrorismo”, dijo citando los casos ahora en las salas de los tribunales por enaltecimiento del terrorismo y  humillación de las víctimas. “La competencia se da a la Audiencia Nacional y no debería ser así. Guillermo Zapata ¿Qué pinta en la Audiencia Nacional, en un tribunal dedicado a la lucha contra el terrorismo? Es obvio que entra ya condenado”.

Rafael Jimenez Claudin, editor de Periodistas.es se refirió al uso de las redes sociales: “¿Cómo es posible en las redes sociales que la protesta alcance un rango para que determinadas personas actúen contra derechos fuertemente implementados en la sociedad? Por ejemplo, el caso de los refugiados: se crea la idea por parte de partidos xenófobos que dan cauce a la expresión a través de las redes sociales a clases populares que hasta entonces no estaban pensando de esa manera”.