Los caminos de la legislación municipal también pueden ser inescrutables, en principio, si usan trucos que, orillando la legalidad, llegan al final obviando a la oposición. Ese podría se el caso de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz y las argucias utilizadas por su alcalde, José María González Santos "Kichi" y la de su grupo, Por Cádiz sí se puede, la versión de Podemos en la Tacita de Plata.

La oposición tumbó los presupuestos
Ocurrió que la semana pasada los grupos de la oposición echaron para atrás el documento presupuestario presentado por el equipo de Gobierno. Kichi está en minoría y dicho texto no convenció ni a PP, Ciudadanos ni al PSOE. Como ocurre en otros municipios la oposición quiere que se recojan sus alegaciones y hacer un texto consensuado. Es el "abc" de la democracia local y así deberia haberlo entendido una formación que, como la de Podemos, ha hecho de la representatividad real uno de sus principios básicos.

Como recogió ELPLURAL.COM, los presupuestos se rechazaron en un pleno tenso y bronco en el que el portavoz socialista tuvo que oír alguna amenaza de un militante destacado de Podemos que se dirigió hacia él advirtiéndole de que "iba a tener que llevar escolta" por haber votado en contra de su formación.

Pasa de la oposición
Pero la formación morada ha tirado por la línea que orilla la legalidad y Kichi, ni corto ni perezoso, en vez de prorrogar los presupuestos y no saltarse a la torera los acuerdos del pleno y de la oposición para rehacer el documento, ha aprovechado un resquicio legal que le permite que cuentas prorrogadas como lo son éstas, puedan ser aprobadas de forma unilateral por la junta de gobierno. En ese órgano no está la oposición y así los aprueba y de paso no tiene que hacer caso a las alegaciones de los otros grupos. Legal sí pero democrático es algo dudoso.

Lo hace además a pocas fechas de que el Tribunal Constitucional sentencie que esta fómula, o truco político, sea declarado ilegal. Kichi por tanto se ha anticipado con ese juego de trilero político a una determinación del máximo órgano de interpretación de las leyes. Una sentencia que deberán de acatar todos los Consistorios pero que al Ayuntamiento de Cádiz no le afectará.