El titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 3 de Toledo, Florencio Rodríguez Ruíz, que investiga la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr entregó al PP para financiar la campaña electoral autonómica de María Dolores Cospedal en Castilla La Mancha de 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de Toledo cuando la ciudad estaba gobernada por los “populares”, siempre según declaración en sede judicial del extesorero de la formación conservadora, Luis Bárcenas, decidió el pasado 11 de mayo dictar un auto, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, declarando “causa compleja” este asunto y prorrogando la investigación 18 meses (hasta noviembre de 2017), aunque la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez acordar una prórroga por plazo igual o inferior a los 18 meses; es decir, por un plazo total máximo de instrucción de 36 meses.

Evita el archivo de la causa

¿Por qué el juez Rodríguez Ruiz ha decidido calificar la supuesta mordida como causa compleja? Fuentes cercanas a la instrucción señalan a este periódico que el magistrado tomó esta decisión el pasado mayo para evitar el archivo automático de la causa, decisión que esperaba como agua de mayo María Dolores Cospedal y los cinco imputados, tres de ellos pertenecientes al Partido Popular, formación que ha ejercido numerosas presiones para que la investigación de Rodríguez Ruiz no llegara a buen puerto. Y es que la entrada en vigor en enero de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligaba a cerrar el 7 de junio aquellos sumarios que no fueran calificados de complejos, que como en el caso de la supuesta mordida cuenta con un nuevo plazo de instrucción hasta noviembre de 2017, aunque si bien es cierto el tiempo puede ser acortado cuando el instructor así lo decida.

Organizaciones criminales

Lo que está claro es que ningún juez echaría mano de esta opción que les proporciona un plazo mayor, a no ser que encuentre en la causa alguna razón recogida en el apartado 2 del precepto que describe cuando cabe hablar de “complejidad” de la instrucción, como son los casos en que: “recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pruebas periciales o colaboraciones solicitadas por el juzgado que supongan el examen de abundante documentación o análisis complicados, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o, se trate de un delito de terrorismo”. En el caso de la mordida de Cospedal confluyen supuestamente todos los casos citados salvo el de terrorismo.

La acusación pide nuevas diligencias

La declaración de causa compleja ha sido acogida con satisfacción por la acusación particular, como en el caso de la Asociación Observatori de Drets Humans (DESC) que representa el abogado Gonzalo Boye, que insta al juez instructor a tomar declaración en calidad de investigado al actual presidente y consejero delegado de la empresa Sacyr, Manuel Manrique, que supuestamente financió con 200.000 euros la campaña electoral de Cospedal en 2007. Boye pide a Florencio Rodríguez Ruiz que “recabe de la Audiencia Nacional” una serie de documentos que a juicio del letrado demuestran la supuesta mordida y las reuniones de los dirigentes de la empresa concesionaria de la recogida de basuras de Toledo con el hombre de confianza de Cospedal y secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado.

Extracto de las anotaciones de Luis Bárcenas en su agenda de mesa. (Foto: ELPLURAL.COM)

“La agenda de la mordida”

El Observatori de Drets Humans se refiere a las anotaciones que el extesorero del PP realizó en hojas sueltas de almanaque que plasman las reuniones que llevaron a la supuesta entrega de los famosos 200.000 euros. Las anotaciones, de puño y letra de Bárcenas, recogen, entre otras reuniones, la que tuvo lugar el 11 de mayo de 2007, a las 12:00 horas, con “V. Tirado y M. Manrique”. Es decir, entre el todavía secretario general del PP de Castilla La Mancha y director de la campaña electoral de Cospedal en 2007, que arrancaba curiosamente de forma oficial ese mismo día, y el vicepresidente de Sacyr en 2007 y en la actualidad presidente de la compañía tras la “guerra” cainita llevada a cabo por la cúpula de esta importante empresa, concesionaria, entre otros grandes proyectos, del nuevo canal de Panamá a punto de inaugurarse.

Destacadas constataciones…

Lo que está claro en este turbio asunto, que el próximo 7 de julio cumplirá tres años, fecha en la que Luis Bárcenas aportó al extitular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el famoso recibí (ver documento) de la mordida de los 200.000 euros firmado por el investigado (antes imputado) gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, es que Vicente Tirado durante el año en el que se acordó conceder el servicio de recogidas de basuras a Sufi (2006) era coordinador de servicios del Ayuntamiento de Toledo, además de mano derecha de Cospedal y secretario general del PP castellano-manchego. Si bien es cierto que él siempre ha desmentido rotundamente las acusaciones de Bárcenas, pero también negó conocer a Manuel Manrique, presidente actual de Sacyr y, sin embargo, compartió con él un destacado acto electoral el 2 de diciembre de 2010, protagonizado por la entonces candidata Cospedal en el hotel Hilton de la capital toledana, donde se dio cita la flor y nata del Ibex, con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Rodrigo Rato a la cabeza, junto a conocidos empresarios del más alto nivel, procedentes de la banca, la industria, las finanzas y, cómo no, del ladrillo, que cerraron filas en torno a la hoy repudiada secretaria general del PP.

…Y acreditadas contradicciones

Aún es más, la Mesa de Contratación que decidió conceder a Sufi la recogida de basuras fue presidida por el concejal de Hacienda y no por el alcalde, a pesar de que la concesión superaba los 63 millones de euros. El citado concejal, ahora investigado, Lamberto García Pinera, era en aquella época, ¡casualidad!, el tesorero de la ejecutiva regional presidida por Cospedal, quién en un principio reconoció haber recibido del PP nacional la cantidad de 200.000 euros “para gastos de la campaña electoral”, mientras que su gerente aseguraba ante el juez Ruz haber firmado el recibí pero nunca recibió el dinero. De ahí que el magistrado mostrara su incredulidad y afirmara no encontrar “una explicación lógica, coherente, razonable al por qué de la redacción de ese documento que no redacta un cualquiera, que lo redacta un señor que es abogado y que es gerente regional de un partido”. ¿Dónde están, entonces, los 200.000 euros? Eso es lo que debe averiguar, entre otras cosas, el juez toledano Florencio Rodríguez, ya que, siempre según el Tribunal de Cuentas, los asientos contables del PP nacional y castellano-manchego no recogen el envío ni la recepción de esta cantidad, como también quedó acreditado en la documentación que la formación de Cospedal remitió a la Audiencia Nacional. Estamos, claramente, ante una causa compleja.