La Asociación Memoria de Mallorca, representada por su presidenta Maria Antònia Oliver y Peter de Echave, ha entregado a los titulares de la Consejería de Transparencia, Cultura y Deportes un informe sobre la fosa común de Porreres, situada dentro del recinto del cementerio municipal, así como un informe arqueológico y forense sobre el proyecto de exhumación, total o parcial, que incluye el coste de todo el proceso de exhumación y la relación de víctimas que están enterradas, más de un centenar, entre las cuales estaría la política comunista Aurora Picornell.

Esta reunión supone un primer paso, después de la aprobación de la Ley para la creación de la comisión técnica de desaparecidos y fosas por parte de la Consejería, para avanzar, cuanto antes mejor, para proceder a abrir la primera fosa situada en el pueblo de Porreres.

Esta comisión técnica tiene que elaborar, con las administraciones e instituciones y entidades privadas, el censo de personas desaparecidas, velar por la protección de los datos personales incluidos, elaborar el mapa de fosas de las Islas Baleares y ponerlo a disposición pública y del ministerio competente, así como anualmente actualizarlo.

Este órgano técnico también tiene que organizar y coordinar un plan anual de señalización, prospección e intervención de las fosas, y tiene que elaborar tanto informes preceptivos sobre la viabilidad de la exhumación de las fosas como también un protocolo específico de actuación en las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil en las Islas Baleares.

La comisión también tendrá que dirigir las intervenciones en las fosas, en colaboración con los Consells Insulars  y ayuntamientos, así como garantizar la custodia de los restos encontrados y coordinar y responsabilizarse de la devolución de los restos identificados a las familias de desaparecidos, y, así mismo, del destino de los restos no identificados o no reclamadas por ningún familiar. Esta comisión técnica también tiene que vigilar por la incoación de expedientes sancionadores por parte de los Consells Insulares contra los responsables de infracciones contra las fosas que estén protegidas como bienes de interés cultural o catalogados; una declaración que se tendrá que hacer en un plazo de seis meses, una vez localizada la fosa sobre el terreno o una vez finalizada la intervención, y tomando en consideración el informe correspondiente de la comisión técnica.

La comisión estará formada por un representante de la Consejería, uno por cada consejo insular, cinco profesionales y académicos en arqueología, antropología física, medicina forense, historia contemporánea y derecho, dos representantes de cada entidad que tenga como finalidad estatutaria el desarrollo de las actividades reguladas por esta ley; y, en último término, dos representantes de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB). En el plazo de un mes a partir de su constitución, la comisión técnica elaborará su propio reglamento y anualmente tendrá que elaborar una memoria de actividades que entregará en el Parlamento de las Islas Baleares y a la Presidencia de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.