El disgusto de la magistrada Concepción Espejel, era ostensible al mediodía de ayer para quien se la cruzaba por los pasillos de la Audiencia Nacional. La jueza, que junto a su colega Enrique López están recusados en los juicios Gürtel y papeles Bárcenas por su aparente cercanía al PP, no podía evitar la expresión de mal humor. La Sala de lo Penal había rechazado las recusaciones contra el magistrado José Ricardo de Prada a quien la Asociación de Víctimas del Terrorismo por un lado y la Fiscalía por otro, habían intentado alejar de determinados juicios relacionados con ETA o su entorno. Un nuevo golpe para el ministro en funciones Fernández que denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a este juez ofendiendo su profesionalidad.

Las opiniones recabadas por ELPLURAL.COM eran coincidentes: “No se trató de un debate jurídico, más bien recordaba una vendetta”, decían algunas fuentes consultadas. En síntesis, el magistrado de Prada participó en un foro en Tolosa el 14 de abril. Allí dijo que se habían producido en tiempos situaciones de tortura y que no se habían investigado. Esta opinión fue recogida y ampliada por los medios más conservadores que no recurrieron al origen de la conferencia para reproducirla.

Organizaciones internacionales escandalizadas

El ministro en funciones de Interior Jorge Fernández saltó como un solo hombre calificando de infames y otras lindezas las palabras del juez y exigiendo que tomara postura el CGPJ. Este órgano máximo de los jueces se lanzó a abrir diligencias informativas al magistrado. Nadie cuestionó a Fernández quien se ve ahora cuestionado en medio de una polémica compleja por otro asunto de policías, fiscales y grabaciones. Hablando de fiscales, la Fiscalía de la Audiencia recusó al juez siguiendo la vía de las asociaciones de víctimas, pero fuera de plazo y con argumentos peculiares.

Las recusaciones se admitieron y este viernes 24 de junio la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las debatió. Antes de eso, diversas voces como las del antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, y otras entidades de Derechos Humanos se echaron las manos a la cabeza ante el despropósito de intentar recusar a un magistrado con 25 años de experiencia por opinar sobre la tortura.

Condenas de la UE y sentencia del Supremo

Hay que añadir además que mientras estas cosas pasaban, el Tribunal de la Unión Europea condenaba por octava vez a España por no investigar suficientemente las torturas. Y que, además, el Tribunal Supremo anulaba una sentencia de la Sección II de la Audiencia Nacional (presidenta Concepción Espejel, ponente Enrique López y voto disidente José Ricardo de Prada) por no admitir la denuncia por tortura del reo.

Así el escenario llegamos al juicio por recusación que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró por la mañana del viernes 24 de junio. Hay que remitirse aquí al excelente resumen que ha realizado Confilegal diario digital especializado en justicia: “En la causa por el intento de asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro, Miguel Ángel Ruiz Langarica, el Pleno rechazó la recusación al considerarla extemporánea. Los 17 magistrados consideran que se había presentado después de celebrado el juicio, de haber deliberado y votado sus tres miembros, entre los que se encontraba de Prada; y el acusado había sido puesto en libertad”.

Aquí los jueces consideraron que de haber votado de otro modo el proceso debería haberse repetido y que en cualquier caso el Tribunal Supremo, si las partes recurrían, podía decidir. Se debatió después la segunda recusación, la que la Fiscalía de la Audiencia había asumido con argumentos propios hasta el punto de conformarse en una recusación paralela y considerados por diferentes estamentos como “extemporáneos” por los plazos y “sorprendentes” por los argumentos. Aquí el margen fue limitado, 8 votos en contra, 9 a favor (faltaban dos magistradas).

Conservadores a recusar

Analizando el proceso, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PLURAL.COM, protagonizó la postura de remoción el sector conservador, encabezado por los jueces recusados en los casos Gürtel y papeles Bárcenas, Concepción Espejel y Enrique López junto a otros a quienes se achaca un talante que puede ir de más conservador a muy conservador como el presidente y ponente de ambos casos Ángel Hurtado o Juan Pablo González y Nicolás Poveda. Todos ellos votaron por apartar a De Prada de estos casos.

Igual ocurrió con el presidente de la Sala Fernando Grande Marlaska, quien según las mismas fuentes jurídicas consultadas por este diario “se decanta con cierta frecuencia a posiciones que podrían considerarse próximas al partido que le nombró como miembro del Consejo General del Poder Judicial”. En este caso fue el partido que preside Mariano Rajoy el impulsor de tal nombramiento.

Los jueces que votaron en contra de la recusación fueron Fermín Echarri, Antonio Díaz Delgado, Juan Francisco Martel, Manuela Fernández de Prado, Teresa Palacios, Javier Martínez Lázaro, Ángela Murillo, Alfonso Guevara y Ramón Sáez. El argumento básico para rechazar el reproche fue que “lo que De Prada había expresado eran criterios y opiniones que en nada afectaban a su imparcialidad”.

¿Venganza por el caso Gürtel?

“Ha sido una venganza por el tema Gürtel”, comentaban fuentes jurídicas a ELPLURAL.COM. “No hay que perder de vista el interés del Partido Popular en evitar la presencia del juez José Ricardo de Prada de los casos Gürtel que les afectan. Curiosamente los mismos jueces que han intentado alejar a este juez de estos temas de terrorismo votaron en contra de la recusación de Concepción Espejel en el tema que afecta al partido en el Gobierno”.

Casualidad o no la expresión de la magistrada a la que la popular María Dolores de Cospedal llama con cariño Concha, lo decía todo en ese paseíllo inevitable por la Audiencia camino de su despacho. “Estaba descompuesta”, relataban las mismas fuentes. Este digital no ha tenido noticias de las reacciones del ministro (en funciones) de Interior al conocer el fracaso de las recusaciones. Es de suponer que no fueran de alborozo.

En otros medios, la noticia del rechazo de los jueces a estas recusaciones sí se ha tomado con alegría. Tal y como referían a este periódico: “Haber aceptado las recusaciones hubiera supuesto un hecho muy grave, un atentado contra la independencia de un juez. Y su alcance no se hubiera limitado al hecho individual, sino que hubiera afectado al conjunto de la magistratura. De ahí su relevancia”.