Amnistía Internacional ha hecho público un contundente comunicado expresando su preocupación por las declaraciones del ministro Fernández Díaz contra el magistrado José Ricardo de Prada en un foro celebrado en Tolosa. “Las opiniones vertidas por José Ricardo de Prada sobre legislación antiterrorista y la cuestión de la tortura en España son de interés público y cualquier sanción atentaría contra la libertad de expresión”, afirma Amnistía. El juez se enfrenta este viernes en la Audiencia Nacional a una recusación en dos juicios relacionados con ETA o su entorno.
En una iniciativa que no es habitual en esta organización que suele ocuparse de temas de trascendencia internacional, Amnistía Internacional se ha dirigido al ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz en un escrito en el que reprochan al titular de Interior que sus afirmaciones “podrían interferir en la independencia del poder judicial y en el derecho a la libertad de expresión del magistrado”.
El ministro “pinchó” al CGPJ
Recuerdan que el conflicto deviene de una conferencia en Tolosa el pasado 14 de abril, en la que José Ricardo de Prada realizó unas declaraciones cuestionando “diversos aspectos de la jurisdicción española, así como las recientes reformas legislativas en materia de terrorismo y mostraba su preocupación sobre casos de tortura en España”.
A raíz de dichas declaraciones, Fernández Díaz instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar “algunas medidas” contra el magistrado. De hecho esta institución, máximo órgano de gobierno de los jueces, admitió esta queja y abrió diligencias informativas contra el juez.
“Temas de interés público”
“Las opiniones de Prada están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y no solo no afectan a su imparcialidad o autoridad, ya que no habla de un caso en particular ni revela información clasificada, sino que además los temas que expuso en su intervención son de interés público que deben estar abiertos a debate, tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, afirmaba ayer Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Recuerda Amnistía Internacional que “el TEDH ha alertado además en numerosas sentencias respecto al efecto disuasorio que el miedo a ser sancionado puede tener en los jueces. Por lo tanto, la imposición de cualquier tipo de sanción contra Prada u otro magistrado por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión podría suponer una amenaza contra este derecho”.
“Proteger la separación de poderes”
“Por otra parte, también otros organismos de Naciones Unidas, como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, o el Comité de Derechos Humanos han mostrado la necesidad de que se establezca una diferenciación clara entre los órganos de las distintas ramas del poder”, añaden.
Para el director de Amnistía Internacional “la clave para que se garantice una justicia con independencia, imparcialidad y transparencia es el principio de la separación de poderes y por lo tanto debemos protegerlo”.
“No interferir en la independencia judicial”
La organización recuerda además que comparte algunas de las preocupaciones reflejadas por el magistrado, “como las relacionadas con las reformas del Código Penal que conllevan una definición tan vaga de terrorismo que puede afectar al ejercicio de la libertad de expresión y reunión; o la existencia de casos de tortura en España y la impunidad efectiva de los responsables”.
“Amnistía Internacional insta a las autoridades a respetar el principio de separación de poderes, el ejercicio de la libertad de expresión de los jueces y a no realizar injerencias indebidas en la independencia del poder judicial”, concluyen.
