Ignacio González Vega, nuevo portavoz de Jueces para la Democracia, desgrana en esta entrevista con ELPLURAL.COM múltiples necesidades que los jueces progresistas apuntan en el mundo de la justicia y van desde la falta de medios, al exceso de trabajo, a rechazar ataques contra la independencia o la libertad de expresión de los jueces –caso de la recusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada- pasando por la lucha contra la impunidad o la crítica a las cuestionables reformas legales del Partido Popular. Todo ello, dice, desde la visión de que el poder judicial, como garante de los derechos de los ciudadanos, ha de controlar los posibles abusos del poder.
¿Cuáles son los primeros retos que se deben abordar en materia de Justicia?
En el debate que acabamos de mantener con diversos partidos políticos se ha puesto de manifiesto que es inaplazable un pacto de Estado en el que participen todos los profesionales de la justicia, sindicatos, partidos políticos y asociaciones de usuarios. Es necesario llegar a un consenso para definir las prioridades en esta materia. Por ejemplo, la planta judicial. A estas alturas del siglo XXI seguimos contando con una organización judicial decimonónica. O la oficina judicial o la informatización y el expediente digital o la asistencia jurídica gratuita a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todas las personas. Es importante fijar tres o cuatro prioridades para mejorar este servicio público que hoy se encuentra en un deterioro lamentable. Añadir a ello la importante sobrecarga de trabajo que padece un número importantes de jueces en toda España.
¿Qué perspectiva plantean sobre las leyes aprobadas en esta legislatura?
Somos muy críticos ante determinadas leyes aprobadas por el Gobierno del PP sin contar con el adecuado respaldo económico. Por ejemplo, la reforma de los plazos en la instrucción. Todos estábamos de acuerdo en la necesidad de agilizar la justicia a fin de evitar investigaciones prolongadas que estigmaticen en el tiempo a los investigados y alarguen el sufrimiento de las víctimas. Ahora bien, sin una dotación económica adecuada la reforma está condenada a ser una mera declaración de intenciones.
¿Qué preocupa a Jueces para la Democracia?
Nos preocupan especialmente temas como el de la reforma de la Jurisdicción Universal, la llamada “Ley mordaza” o la situación de los refugiados y queremos profundizar con diferentes colectivos profesionales no solo asociaciones de jueces y fiscales sino también con la abogacía y con otras profesiones judiciales y de defensa de la independencia judicial.
¿Qué opina sobre el Consejo General del Poder Judicial?
Previamente hay que indicar que a raíz de la última reforma del Gobierno del PP el Consejo General del Poder Judicial se ha erigido en un órgano debilitado en cuanto a sus competencias y marcadamente presidencialista en perjuicio de la colegialidad prescrita en la Constitución. Por ello, no cumple adecuadamente su cometido de amparar al juez o magistrado cuando es perturbado en el ejercicio de su función jurisdiccional.
También han presentado junto a Ecologistas en Acción el informe Justicia privatizada sobre el TTIP analizando como las multinacionales utilizan un sistema de justicia privada que supone que se hayan elevado las demandas de empresas contra gobiernos.
En relación a la instancia arbitral prevista en el TTIP (acuerdo comercial con EEUU) y en el CETA (acuerdo con Canadá), entendemos que no es necesaria ni hay base legal para ello. A nivel europeo y de cada estado parte, existen unos tribunales que pueden perfectamente ofrecer a los inversores extranjeros una tutela judicial efectiva. Y la Comisión de la Unión Europea carece de competencia para instaurar un tribunal de inversiones. Somos además críticos con las personas que integrarían estos tribunales porque carecen de las exigencias de independencia e imparcialidad propias de los jueces, podrían formar parte abogados que defienden los intereses de los inversores. Finalmente, se sustituye el derecho nacional de los estados por un concepto vago e indeterminado como es “el trato justo y equitativo”.
¿Cómo se posicionan en materia de memoria histórica y de Jurisdicción Universal?
Estuvimos presentes con colectivos de la Memoria Histórica en un acto con el lema Por un compromiso político y electoral con las víctimas del franquismo apoyando sus reivindicaciones en los términos recomendados por la ONU al tiempo que expresamos nuestra defensa de la Justicia Universal en la lucha contra la impunidad y el castigo de las mas graves violaciones de los derechos humanos. La última reforma ha supuesto que casos de piratería, tráfico de drogas o de seres humanos perpetrados en buques que se encuentran en altar mar, puedan ser impunes. Esperemos que el próximo gobierno acometa una reforma que subsane estas anomalías.
En estos momentos el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada tiene abiertas unas diligencias informativas en el CGPJ a instancias del ministro de Interior en funciones y se enfrenta el día 24 a una recusación por manifestar que se han producido torturas en España como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nosotros defendemos la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones profesionales a pesar de los intentos que ha habido en esta legislatura de restringirla.
En este caso también la Fiscalía se ha sumado a la recusación, pero con otros argumentos.
El escrito de recusación de la Fiscalía contra José Ricardo de Prada se ha presentado de forma extemporánea, a mi juicio, una vez que había concluido el trámite y el asunto estaba visto para sentencia. En cuanto al objeto, si se está refiriendo a la pericial de inteligencia de la policía opino que cualquier juez puede expresar libremente su opinión sobre la valoración que tiene en abstracto de los diferentes medios de prueba en el proceso penal sin que ello le inhabilite para juzgar un caso concreto.
Supongo que sería tan absurdo como decir que un juez no puede juzgar un caso de terrorismo porque le hayan concedido una condecoración de la guardia civil, por ejemplo.
En efecto, todo se puede llevar a situaciones límites si así se desea.
En este sentido, ¿ustedes apoyan a este magistrado y lo harán si tuviera que continuar ante otras instancias?
Indudablemente, nosotros apoyamos a José Ricardo de Prada en defensa de su libertad de expresión. Además, su valía profesional demostrada a lo largo de veinticinco años en la Audiencia Nacional es incuestionable.
¿Qué es lo que le preocupa a usted al frente de JpD en estos momentos?
La situación caótica en que se encuentra nuestra Justicia, incapaz de prestar un servicio digno y de calidad a la ciudadanía. Los ciudadanos esperan de sus jueces una respuesta ajustada a derecho a los conflictos que plantean. Estamos llamados por la Constitución a garantizar los derechos de los ciudadanos al tiempo que a controlar al poder frente a cualquier abuso. Por ello, es necesario que funcione la Justicia. Y abogo por un Pacto de Estado.
