La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que obliga al Consejo de Ministros a aprobar antes de que finalice este mismo mes de junio (coincidiendo además con el proceso electoral) una nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras de referencia de electricidad dentro del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

En el 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR)por este precio regulado, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas NatrualFenosa, Viesgo y EDP España.

En un auto fechado el 30 de mayo, el Supremo ha dado la razón a Iberdrola, empresa que denunció que el Ministerio de Industria incumplió la sentencia de noviembre del año pasado en la que se obliga a Gobierno a fijar el margen de comercialización.

Las eléctricas quieren más porcentaje

Este margen de comercialización ronda el 3% del recibo final, y ha sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras de PVPC a operar en pérdidas.

El auto ordena «al ministro de Economía, que sustituye al ministro de Industria, Energía y Trurismo José Manuel Soria quien tuvo que dimitir por aparecer en los Papeles de Panamá,  que eleve al Consejo de Ministros antes del 30 de junio, la propuesta de metodología de cálculo del valor de los componentes de los precios voluntarios para el pequeño consumidor, con la finalidad de aprobar el margen de comercialización fijo que corresponda». 

De esta forma, se dará cumplimiento no solo a la sentencia favorable a Iberdrola, sino también a otra promovida por Gas Natural Fenosa. En ambas, se obliga a «regular con precisión la metodología de cálculo del margen de comercialización» eléctrico.

Las sentencias anulan el apartado segundo de la disposición adicional octava del real decreto 216/2014, en el que se establece la metodología de cálculo de los PVPC y su régimen jurídico de contratación. Su contenido, señala el Supremo, es «disconforme a Derecho».

A revisar millones de facturas

El fallo obliga a revisar desde el momento de implantación de ese precio al consumidor, el PVPC, esto es, desde abril del 2014, el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores acogidos a esta opción.

El margen de comercialización, que es la retribución percibida por las empresas que suministran en la PVPC, está fijado por el Gobierno en 4 euros por kilovatio (kW) al año.