Una vez más el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en Madrid, vuelve a ser noticia. Si la pasada semana lo era por la denuncia que publicamos en ELPLURAL.COM acerca del uso de un vehículo eléctrico municipal por parte de un concejal del Partido Popular, en esta ocasión tiene que ver con un hecho verdaderamente sorprendente. 

El Consistorio de la localidad en manos del PP con el alcalde y también diputado en esta efímera legislatura Antonio González Terol al frente, elevó este viernes a la Audiencia Nacional sus documentos de acusación por la trama Gürtel. En realidad es sólo uno pero con dos personas jurídicas como perjudicadas, es decir, el propio Consistorio y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda. Lo llamativo es que en ambos escritos, (aquí se puede consultar el documento) se pide al Partido Popular que haga frente a una cantidad cercana a los 234.000 euros, y esto teniendo en cuenta que, según se desprende de las investigaciones sobre esta trama, presuntamente fue la misma formación de Boadilla del Monte la beneficiaria de los delitos cometidos en el marco de la Gürtel.

Esto significa que los 'populares' de este municipio madrileño actúan contra su propia formación a nivel nacional, puesto que tendría que ser esta la que asumiera dicha reclamación de prosperar. 

Sin duda alguna el planteamiento es curioso, más si se tiene en cuenta que González Terol está incluido en la lista electoral que encabeza Mariano Rajoy ocupando el puesto décimo tercero.

Cabe recordar que Boadilla es uno de los puntos claves y neurálgicos de la trama Gürtel, y no es la primera vez que desde el Ayuntamiento se toman decisiones llamativas en relación a este caso.

Tal y como se desprende de los mencionados escritos de acusación, el Ayuntamiento (y la EMSV) arremeten contra casi una treintena de investigados (imputados) pidiendo para ellos penas que alcanzan los 550 años de cárcel . 

Este movimiento por parte del Ayuntamiento dirigido por el Partido Popular puede ser interpretado en clave procesal y como una estrategia de cara al futuro juicio que ha de dilucidar las consecuencias jurídicas que derivan de la trama Gürtel. En términos generales en su escrito el organismo público municipal apoya su petición contra el PP por un "delito de malversación", en tanto que el Consistorio va más allá -lo que se traduce en una solicitud económica mayor a la formación- e incluso en muchos supuestos delictivos replica prácticamente la calificación realizada por la Fiscalía. 

Y todo esto en una administración, la de esta ciudad del norte de la Comunidad de Madrid, que también ha aparecido en algunas otras investigaciones de presunta corrupción.