Iberdrola ha solicitado que se decrete la anulación de las dos órdenes de suscripción de acciones de Bankia que realizó en julio de hace cinco años por 70 millones de euros y operación en la que perdió 12,36 millones de euros con esta inversión, cantidad que reclama ahora a Bankia. la eléctrica reclama que, además de decretar la anulación de las dos órdenes de suscripción en la OPS, condene a Bankia para que le abone los 12,36 millones; los 52.473,87 euros correspondientes a las comisiones, gastos y cánones abonados por razón de las suscripciones, compras y ventas de títulos, y el importe total de los intereses devengados. La compañía solicita además que sea la entidad dirigida ahora por José Ignacio Gorigolzarri quien asuma los costes procesales.

 La inversión de Iberdrola fue realizada a petición urgente del Gobierno, que solicitó a numerosas empresas del Ibex y no cotizadas que echaran una mano para sacar adelante una operación que se calificó como cuestión de Estado para el país.

Iberdrola atendió a la petición de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, que también solicitó ayuda a bancos como CaixaBank, Santander, Sabadell y Popular -BBVA fue el único que se negó-, a aseguradoras como Mapfre y Mutua Madrileña, grupos como El Corte Inglés y Telefónica y constructoras como ACS, Acciona y Grupo Villar Mir. El comité de riesgos de Iberdrola hizo un análisis de la operación y estudió la documentación dispuesta por Bankia a tal efecto, es decir, el folleto informativo de la OPS para la admisión a negociación de acciones del banco en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
 

El folleto de la salida a Bolsa

Iberdrola, como otros inversores institucionales, ha tomado la decisión de demandar al banco, propiedad en un 64% del Estado, tras la sentencia número 23/2016 del Supremo, en la que se pone de manifiesto que “el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales”. Los abogados de la eléctrica han tenido en consideración asimismo el escrito del mismo Tribunal 24/2016, en el que afirma que “tras adquirir las acciones, a los pocos meses, se hizo evidente que los demandantes habían adquirido acciones de una sociedad cuya situación patrimonial y financiera era muy diferente de la que se expresaba en el folleto”.

Ese folleto, que fue registrado y autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reflejaba la situación patrimonial del grupo resultante de la fusión entre Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas de pequeño tamaño. Iberdrola destinó 70 millones en base a esa información, pero la reformulación de las cuentas de Bankia en mayo de 2012 reflejó una situación bien distinta. En lugar de los 309 millones de beneficio reportados para el ejercicio 2011, la entidad afloró unas pérdidas de 2.977 millones de euros. Después vino el rescate de 22.000 millones con dinero público y la destitución de todo el consejo de administración, con Rodrigo Rato a la cabeza.

Tras la adquisición de acciones de Bankia en la OPS, Iberdrola fue vendiendo títulos de la entidad entre los meses de agosto y diciembre de 2011, debido a la mala evolución de la cotización, que se hundió más de un 40% respecto al precio de la salida a bolsa. En paralelo, la compañía suscribió un contrato de cobertura con JPMorgan, que quedó liquidado en abril de 2012. CaixaBank y Sabadell hicieron lo mismo y se apuntaron fuertes minusvalías.

Hasta la fecha, solo la familia Villar Mir, que fue consejera del banco a través de Javier López Madrid, había mostrado su intención de reclamar mediante un juez los 24 millones que perdieron en la OPS de Bankia, mientras que Mapfre, que invirtió 200 millones y era un accionista de referencia del grupo financiero, también dejó en febrero la puerta abierta a recurrir a un juzgado el pasado mes de febrero.