Los bordados para ninfas del carnaval, bandas para damas de las fiestas y otros trabajos de vestimenta ferial le han salido muy caros a la ex alcaldesa popular de Rota. Tan caros como ingresar en prisión por condena de más de cuatro años de cárcel. Va a ser privada de libertad por el denominado "caso horas extras", un delito comprobado de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa, por lo que tendrá que ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años y medio de cárcel a la exalcaldesa de Rota Eva Corrales (PP)
El Supremo confirma la pena
De este modo la Sala de lo Penal del alto tribunal ha confirmado la pena de 4 años y medio de cárcel que la Audiencia de Cádiz le impuso, un pena que incluye además 8 años y medio de inhabilitación especial para cargo público y multa de 2.700 euros.
Eva Corrales, que dejó la política tras esta condena, ha sido juzgada estos días de nuevo en la Audiencia Provincial de Cádiz por el denominado "caso uniformes", en el que se acusa a veinte personas de adjudicaciones irregulares a una empresa relacionada con el que fuera alcalde de Rota antes que ella y después socio de Gobierno de la popular, Lorenzo Sánchez.
En este segundo caso (en el que el fiscal Anticorrupción pide para Corrales una condena de cinco meses de prisión y quince años de inhabilitación), el principal acusado es Lorenzo Sánchez, que fue absuelto en la sentencia del "caso horas extras" que el Tribunal Supremo ha confirmado ahora. El "caso horas extras" enjuició hechos que ocurrieron entre 2004 y 2010, cuando Corrales era concejal delegada de Fiestas y luego de Relaciones Institucionales.
Ratificación íntegra de otros condenados
El Supremo ha ratificado también íntegramente las penas a los otros siete condenados por la Audiencia de Cádiz en esta causa: el exconcejal de Fiestas y Personal Ismael Puyana (también condenado a 4 años y medio de cárcel y que también está siendo juzgado ahora en el "caso uniformes"; el exinterventor accidental del Ayuntamiento Miguel Fuentes, cuatro funcionarios más de la Corporación y la esposa de uno de estos últimos.
Según explica el Supremo en las adjudicaciones al funcionario "se obvió el cumplimiento de la Ley por quienes como funcionarios públicos y representantes del pueblo en el municipio de Rota eran los primeros obligados en su cumplimiento".
El Supremo cree que se hicieron las adjudicaciones "a pesar de constarles" la prohibición que pesaba sobre que el funcionario del Ayuntamiento hiciera contratos con el consistorio y explica que por eso trataron de "ocultar" los pagos emitiendo facturas a nombre de Josefa Moreno Rebollo, esposa de Manuel García.
