Los lobbys de la calle Génova no funcionan en la calle Marqués de Mendigorría de Toledo, sede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 que dirige con mano firme el juez Florencio Rodríguez Ruíz, que desde septiembre de 2015 instruye el caso de la supuesta mordida de 200.000 euros que el PP de Castilla La Mancha habría recibido de la empresa Sacyr para financiar la campaña electoral de 2007 de María Dolores Cospedal a cambio de la concesión del servicio de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, siempre según declaraciones en sede judicial del excompañero de la secretaria general e imputado en varias causas, Luis Bárcenas. Tanto es así, que el magistrado, lejos de amilanarse por estos grupos de presión, integrados por destacados bufetes de abogados, ha prorrogado la investigación con nuevas providencias que pasan por la comparecencia de nuevos testigos.
Más técnicos municipales toledanos
A las declaraciones realizadas el pasado mes de abril por varios técnicos del Ayuntamiento de Toledo se suma ahora el secretario municipal, Jerónimo Martínez García, que deberá declarar como testigo el próximo 5 de septiembre. En este sentido, Jerónimo Martínez; el jefe de obras, Juan Suardiaz, y el economista municipal, Fernando Arredondo, coincidieron en sus informes enviados al juez (ver documento) al reconocer que el protocolo firmado por el PP para acabar con la huelga de basuras en mayo de 2007 supuso un quebranto para las arcas municipales. Ahora el juez quiere oír personalmente las explicaciones de Martínez, así como las del director de Presupuestos del Consistorio, Francisco Javier Sánchez Rubio ,y de la auxiliar administrativa Rosa María del Cojo Martín. Los tres llamados a declarar el 5 de septiembre, según la providencia a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.
Representantes empresariales
El juez Florencio Rodríguez también tomará declaración, en esta ocasión el 11 de octubre, a los representantes de la empresa Sacyr y Sufi, aunque alguno de ellos ya no trabaja para la compañía presida por Manuel Manrique, imputado junto a su antecesor en el cargo y actual “enemigo íntimo”, Fernando del Rivero. De esta forma, Pedro Sigüenza Hernández, consejero delegado de Sacyr Industrial, deberá someterse al interrogatorio del magistrado Rodríguez, quien también escuchará en calidad de testigo a Ignacio Triana Gracián, apoderado de Sufi hasta 2010, desde donde pasó a Valoriza, ambas compañías filiales de Sacyr, implicadas en la trama Gürtel a las que el extitular del Jugado Nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, señalaba como supuestas comisionistas de mordidas, entre ellas la recibida por el PP de Cospedal.
El entramado empresarial de Triana Gracián
Ignacio Triana es un empresario en la actualidad especializado en las concesiones municipales, que recibe a través de Carpa Servicios y Conservación, nombre de una de la veintena de empresas constituidas por este extécnico de Sacyr, que desde que abandonó la empresa ha conseguido decenas de concesiones sobre espacios deportivos en diversos municipios de la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Móstoles, Parla y la propia capital, bajo mandato de Ahora Madrid y Manuela Carmena como alcaldesa), además de en Segovia y en la localidad alicantina de Elche. Todo un “artista” de la concesión, que declarará en octubre como testigo, así como el actual Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y exconcejal del Ayuntamiento capitalino con el PSOE, Francisco Javier Martín Cabeza.
Abogada especialista en estafas
Las nuevas citaciones vienen a avalar las intenciones del juez de no archivar el caso de la supuesta mordida de los 200.000 euros recibidos por Cospedal para su campaña, a pesar de que el tesorero del PP de Castilla La Mancha, José Ángel Cañas, autor del famoso recibí expedido por Bárcenas y que recogía la entrega de los 200.000 euros (ver documento), ha intentado por activa y por pasiva desactivar la investigación recurriendo y pidiendo la nulidad de distintas diligencias emprendidas por el juez Ruz. Y eso que Cañas cuenta con una de las abogas más prestigiosas de Madrid y, naturalmente, más cara, María Massó Moreu, perteneciente al bufete Baker & Mckenzie, donde te cobran, incluso, por respirar, ya que se trata del despacho de abogados con la minuta más elevada. De ahí que Cañas no pueda pagar los servicios de Massó y que sea, suponemos, el PP el encargado de abonar los servicios a esta aboga, especialista en estafas y apropiación indebida, que cuenta con una cartera de clientes muy importantes, entre otros, Rodrigo Rato.
