La decisión de la Junta de Castilla y León es positiva porque supone un avance respecto a la barbarie que suponía la muerte del animal, pero insuficiente porque seguirá generando sufrimiento a un ser vivo.

Fiódor Dostoievski dijo que el grado de civilización de una sociedad puede medirse por el trato que otorga a sus presos. Siempre he pensado que este maravilloso aforismo era extensible también al trato que se otorga a los más débiles. Y, entre ellos, a los animales, si aceptamos que como seres vivos conviven con nosotros en el entorno y forman parte de esta sociedad.

España es un país que ha demostrado un notable grado de avance social en muchos aspectos. Nuestra regulación de derechos de las minorías y libertades civiles ha sido profusa hasta la ignominiosa pasada legislatura del PP, con los ya conocidos retrocesos generados por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal o su intento de modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pero en cuanto a la regulación del maltrato animal siempre hemos estado muy atrasados en comparación con otros países de la UE. Naturalmente, la importancia de la tauromaquia aquí ha sido el principal escollo con el que hemos topado quienes defendemos la abolición de todo tipo de maltrato, tortura o muerte de animales (esta última, siempre que sea con fines lúdicos, “culturales” o recreativos).

Si bien en los últimos años en Cataluña y Baleares se han aprobado iniciativas legislativas que prohibían algunas actividades relacionadas con el toreo, en la comunidad catalana es preciso señalar que la propuesta no estaba exenta de cierto cinismo: los infames “correbous” siguen siendo legales allí. En Canarias los festejos taurinos están prohibidos desde 1991.

Pero, desgraciadamente, siguen existiendo espectáculos en los que se maltrata a seres vivos con el objeto de deleitar a las masas bajo la falsa premisa de que se trata de cultura. La tauromaquia, fundamentalmente, en gran parte de las CCAA, el Toro de la Vega en Tordesillas, a pesar de la modificación operada esta semana, y los correbous en Cataluña y alguna otra región.

España debe equipararse a nuestros vecinos y zanjar de una vez por todas este debate. Cualquier abuso, maltrato y tortura de animales es inaceptable e incomprensible en una sociedad moderna como la nuestra. El próximo paso en Tordesillas debería ser la prohibición del festejo del Toro de la Vega en su totalidad. Sería una decisión con una fuerza simbólica enorme por todo lo que ha significado ese festejo hasta ahora.