La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Eleanor Sharpston, avala el plan de pago a proveedores del Gobierno, en el que se exigía a los acogidos renunciar a los intereses de demora. La abogada defiende que la directiva europea contra la morosidad "no se opone" al mecanismo puesto en marcha por España en el año 2012, con el que el Gobierno central adelantaba el dinero a ayuntamientos y Comunidades para pagar a pequeños proveedores a cambio de que renunciaran a los intereses.
Alivio de 3 mil millones para Montoro
La sentencia es todo un alivio para Gobierno español, que se enfrentaba al pago de 3.000 millones de euros a 230.000 proveedores por el retraso en abonar las facturas, en un momento en el que la UE estudia si multa a España por incumplimiento del déficit.
La abogada general de la UE ha estimado que el sistema "ofrecía al acreedor la posibilidad de elegir" entre adherirse al plan para recibir el pago en un plazo breve de tiempo o continuar con la situación anterior, en la que el cobro de las deudas podía alargarse pero "seguiría teniendo derecho" a los intereses de demora.
Sharpston no ve incompatibilidades entre la legislación comunitaria y la ley española, ni considera que se trate de un acuerdo abusivo. Tampoco cree relevante que el deudor sea un organismo público. El escrito responde a la consulta de un juzgado de Murcia, que preguntó al tribunal comunitario si la normativa española es contraria a sus directivas después de que varios proveedores del Servicio de Salud de la región recurrieran a los tribunales.
Renunciaron a un 8%
El plan permitió a empresas y autónomos acelerar el cobro de las deudas de las Administraciones a cambio de renunciar a unos intereses de demora del 8%. En 2012, 2013 y 2014 el Ministerio de Hacienda abonó a las empresas facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas por más de 41.800 millones de euros.
Las conclusiones de la abogada general no son definitivas y habrá que esperar una sentencia, pero el TJUE suele ratificar en un 80% las opiniones del abogado. En caso de que la Justicia europea siga las recomendaciones de la abogada general tal y como suele suceder, perderán su derecho a cobrar los intereses, dado que los cuatro años a los que prescriben se cumplen a finales de este mes.
