“Lo que hay entre los fiscales del Supremo sólo se puede calificar de enorme indignación”, nos dicen en fuentes jurídicas del Alto Tribunal. Y es que a la considerada sorprendente decisión del magistrado del caso Jerez, que exculpó a la exalcaldesa, María José García-Pelayo, de delito por la firma de contratos ilegales con la trama Gürtel bajo el argumento de que no era responsable de lo que firmaba, se ha sumado en las últimas horas la decisión, “tomada evidentemente después de sufrir presiones de arriba”, de la Fiscalía de no recurrir la sentencia.

Quien firma contratos no es responsable

El magistrado del Supremo, Antonio del Moral, había venido a decir dos cosas que, unidas, resultan extraordinariamente llamativas: por un lado, que había delito en los hechos; por otro, que quien lo había hecho posible, García-Pelayo al firmar los contratos, no había beneficiado conscientemente a la trama Gürtel. Como explicamos en informaciones anteriores, el delito había estado en la concesión a la red de Francisco Correa de manera irregular una serie de contratos para montar el stand de Jerez en FITUR en 2004.

El juez de la Audiencia Nacional instructor de la trama Gürtel, José de la Mata, al cerrar su trabajo habló de ilegalidad “patente y grosera” en la actuación de la exalcaldesa. De hecho, imputó a una serie de funcionarios y empresarios y sólo porque estaba aforada convenientemente por el PP como senadora, no pudo acusar a García-Pelayo y elevó el asunto al Supremo.

Contratos que desbordaban ilegalidad clamorosa

La fiscalía del Alto Tribunal, como se puede ver, en su informe realizó una calificación no menos dura que la del magistrado de la Audiencia Nacional. En ella, de hecho, reforzaba la “posición de autoridad” de la exalcaldesa, y ratificaba lo que ya había dicho de la Mata, que habló de que los contratos “desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante, clamoroso”. El fiscal, por su parte, llegó a decir que los expedientes previos para la concesión de los contratos habían sido “una mera ficción al servicio de la prevaricación” (toda la información sobre esta trama, en nuestra página colaboradora, LosGenoveses.net).

Con estos precedentes, la decisión del magistrado del Moral de no procesar a García-Pelayo resultó sorprendente. Más aún que tomara esta resolución sin haber llevado a cabo una serie pruebas que había pedido la fiscalía. De hecho, la sentencia del Supremo podría acabar en que la Audiencia Nacional condenara a una serie de funcionario de la alcaldía jerezana, mientras quien firmaba los documentos que permitían la comisión de los delitos, ni siquiera fuera juzgada.

El doloroso silencio de la fiscalía

Pero ahora el malestar se ha hecho aún más patente al conocerse que la Fiscalía tampoco va a recurrir la que ha sido calificada entre los jurisas como cuando menos, insistimos, sorprendente decisión del magistrado del Moral. El asunto duele a los fiscales, porque se produce, como hemos apuntado, después de que en su primer escrito, el fiscal del caso dejara claro y contundente, su convencimiento de la existencia de delito.

La decisión final sobre el caso Jerez parece, sin embargo, no estar tomada. El magistrado del Moral había puesto una alta fianza de recurso, 3.000 euros, a la acusación particular, la Asociación de Abogados ADADE, lo que en principio había dificultado que pudieran presentarlo. Pero, según ha sabido ELPLURAL.COM, al final han logrado recaudar entre asociados la cantidad y mantendrán abierta la causa.